Cortes de Aragón

Las Cortes piden el abono en tiempo y forma a empresas prestatarias

Pide a la DGA que desarrolle adecuadamente las funciones de control de las empresas prestatarias de servicios públicos, llevando a cabo "con intensidad y eficacia" las acciones de evaluación, inspección, y, en su caso, sanción.

El pleno de las Cortes de Aragón ha pedido al Ejecutivo autonómico cumplir la legislación vigente derivada de las obligaciones contraídas con las empresas prestatarias de servicios de la Administración de la Comunidad aragonesa y, en especial, sobre el abono en tiempo y forma de las remuneraciones establecidas. 


Asimismo, ha solicitado al Gobierno que desarrolle adecuadamente las funciones de control de las empresas prestatarias de servicios públicos, llevando a cabo "con intensidad y eficacia" las acciones de evaluación, inspección, y, en su caso, sanción.


La iniciativa agrega al respecto que también se debe incluir lo relativo a condiciones laborales y formación del personal para que "quede garantizado el buen uso de los recursos públicos, la prestación de un servicio de calidad a la ciudadanía y unas condiciones laborales dignas de las personas contratadas".


Todos los grupos han apoyado estas peticiones - PP, PSOE, PAR, CHA e IU -, mientras que no se han aprobado otros dos puntos que pedían que los próximos pliegos de contratos incluyeran una cláusula de resolución del mismo en caso de impago de los salarios y cuotas de la Seguridad Social, de vulneración de la negociación colectiva, y de incumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo.


Además, proponía garantizar un sueldo de los trabajadores de estas contratas de, al menos, el 80 por ciento del salario base que le corresponda al personal de la misma categoría en la Administración pública de la Comunidad.


También se ha rechazado que se asuma, como normal general y salvo causas objetivas debidamente justificadas, la gestión directa de los servicios públicos, "frenando la tendencia a su privatización o externalización". La iniciativa ha sido presentada por IU y enmendada por CHA.

Iniciativa práctica

El diputado de IU, Luis Ángel Romero, ha opinado que los servicios externalizados "deberían ser recuperados" para lo público, si bien, como "desde la minoría es difícil cambiar" el modelo actual, ha presentado una iniciativa "práctica" para "garantizar la calidad de la prestación de los servicios públicos hoy externalizados".


Según ha subrayado, el objetivo es lograr "el cumplimiento de las condiciones laborales, algo que no debería estar cuestionado, pero todos los días vemos como los trabajadores están siendo avasallados", mientras que el Gobierno "incumple de forma fehaciente el pago de facturas a empresa de servicios externalizados".


La diputada del PP, Nuria Loris, ha apoyado parte de la iniciativa, que "solicita lo establecido en la ley de contratos", mientras que no "imponer unas obligaciones que son contrarias a lo que marcha la normativa, no solo la estatal, sino incluso la autonómica".


La diputada del PSOE, Ana Fernández, ha opinado que el Ejecutivo "ha pasado una línea roja" en cuanto a externalizaciones y ha sostenido que algunos servicios "sí se pueden dar por gestión privada, pero muchos otros no porque no hay ahorro y la calidad pierde mucho".

Analizar cada servicio

El parlamentario del PAR, Antonio Ruspira, ha reconocido el carácter "constructivo" de algunas propuestas de esta iniciativa y ha defendido "analizar para cada servicio la forma más eficiente de prestarlo" ya sea directamente desde lo público o a través de la externalización o privatización.


El diputado de CHA, José Luis Soro, ha apostado por "frenar la excesiva tendencia a la externalización" y ha afirmado que "es mentira que sea más barata y se preste mejor servicio", para solicitar que el Gobierno "ejerza siempre de forma adecuada sus funciones de control" y "no se lave las manos" para que "se preste un servicio de calidad a la ciudadanía" y haya "unas condiciones laborales dignas".