El Senado francés adoptó por unanimidad el proyecto de ley por el que se impondrá una nueva tasa a partir de julio a los camiones que circulen por las vías que no son de peaje en el país, lo que debería incluir a unos 200.000 vehículos extranjeros. 

Horas después del voto final del texto en el Senado -que inicia ahora su tramitación en la Asamblea Nacional-, el Ministerio de Transportes destacó hoy en un comunicado que el objetivo de la llamada "eco-tasa" es dar "una señal de precio para incitar" a la utilización del modo de transporte más eficiente en términos medioambientales.

El Ministerio hizo hincapié en que en el articulado de la futura ley se estipula cómo los transportistas repercutirán este impuesto a sus clientes "para proteger el sector frágil" de los camioneros. También subrayó que el dispositivo se ha establecido tras "una concertación con los profesionales concernidos".

El titular del departamento, François Cuvillier, había indicado a comienzos de enero que calculaba que el nuevo impuesto lo tendrán que abonar cerca de 800.000 camiones de más de 3,5 toneladas (de los cuales 600.000 son franceses) que circulan por las carreteras hasta ahora de uso gratuito.

El impuesto variará en función de las características del vehículo

El impuesto, que variará en función de las características del vehículo, se situará entre 8 y 14 céntimos de euro por kilómetro (8 para los camiones de menos de 12 toneladas), y su recaudación -que se estima en unos 1.200 millones de euros al año- irá esencialmente a la financiación de infraestructuras de transporte.

El precio será un 40 % inferior en tres regiones del país: Bretaña y dos fronterizas con España, Aquitania y Midi-Pyrénées. Se aplicará en 15.000 kilómetros de carreteras nacionales y departamentales y tanto la gestión como su cobro correrá a cargo de un consorcio liderado por la compañía italiana de concesiones Autostrade. 

La futura ley incluye una serie de disposiciones sobre el transporte marítimo, y en particular fija la obligación de suscribir un seguro o una garantía financiera a los barcos que naveguen en aguas francesas para hacer frente al riesgo de generar una contaminación.

Igualmente contempla medidas para reducir la amenaza medioambiental que supone la presencia de pecios abandonados y determina las reglas de estacionamiento de barcos en las vías fluviales. De acuerdo con el texto legislativo, los barcos que practican cabotaje marítimo en aguas territoriales francesas aunque sean extranjeros tendrán que aplicar el derecho laboral francés para garantizar unas "condiciones de competencia justas".