Los pensionistas pierden en Aragón 66 millones por la no revalorización de las pensiones

El sindicato Comisiones Obreras (CC.OO.) en Aragón ha estimado que la decisión del Gobierno central de no revalorizar las pensiones conforme al IPC en 2012 ha supuesto en la Comunidad autónoma la pérdida de 66 millones de euros por parte de los pensionistas y de 2.000 millones de euros en el conjunto del Estado. 

Así lo han expuesto en rueda de prensa el secretario de Acción Sindical y Políticas Sectoriales de CC.OO.-Aragón, Manuel Pina, y el técnico confederal de Seguridad Social del sindicato, Enrique Martín, para precisar que esta decisión ha implicado una pérdida del poder adquisitivo de los pensionistas aragoneses de 261,42 euros de media.

Pina ha argumentado que con esta decisión "se ha profundizado en una de las causas de la crisis", al "no favorecer el consumo", lo que, a su vez, implica una "ralentización de la economía y tiene repercusiones en el empleo", ha incidido Martín.

Críticas a la inseguridad jurídica que supone la suspension 

Además, han criticado la "inseguridad jurídica" que supone la suspensión en los tres primeros meses de 2013 de una parte de la ley sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, asunto que ha centrado la sesión informativa organizada este viernes en la sede del sindicato en Zaragoza, dirigida a asesores y responsables sindicales en materia de jubilación.

Concretamente, la suspensión afecta a las jubilaciones anticipadas y parcial que se hayan acordado a partir del 2 de agosto de 2011, fecha en la que se publicó la citada ley, y hasta la actualidad.

Pina ha comentado que esta decisión del Ejecutivo "modificó un acuerdo" alcanzando en el marco del Pacto de Toledo sobre la reforma de las pensiones y Martín ha criticado que el Gobierno lo haya hecho de forma "unilateral".

Indefensión

El técnico confederal de Seguridad Social de CC.OO. ha esgrimido que se crea "indefensión e inseguridad jurídica para trabajadores y empresas" respecto a los acuerdos diseñados según la nueva ley, ahora suspendida, y que puede hacer que los empresarios "se replanteen si van a mantener los acuerdos para renovar la plantilla", con la consiguiente afección al mantenimiento del empleo.

Ha agregado que hay "un número importante de trabajadores que tiene prevista la jubilación" o la incorporación al empleo en virtud de estos acuerdos, y "todas las empresas del sector del automóvil tienen acuerdos de jubilación parcial".

Por su parte, Pina ha indicado que las empresas industriales más grandes tienen acuerdos de este tipo y ha recordado que ahora se inicia la negociación de los convenios colectivos en empresas como General Motors España, en los "se trata este tema, que no saben cómo abordarlo de cara al futuro".

Falta de información 

Martín ha lamentado que "a día de hoy no se conozca la intención del Gobierno" respecto a los aspectos suspendidos temporalmente de la ley y solo se puede "leer entre líneas" en los dos informes presentados en el Congreso al respecto hace unos meses que pretende "un endurecimiento de los requisitos en cuando a edad, años cotizados y aumento del porcentaje de jornada" para el contrato de relevo.

Al respecto, ha dicho que en la parte suspendida de la ley se recoge la posibilidad de jubilarse anticipadamente de manera forzosa con 61 años y 30 años cotizados con despido o ERE, así como la jubilación voluntaria con 63 años y 33 años cotizados y la jubilación parcial.

"Ahora mismo, todos los acuerdos empresariales firmados entre agosto del 2011 y el día de hoy" que fueron diseñados entorno a la citada ley "están en un estado de vulnerabilidad", ha recalcado.

Igualmente, ha calificado de "grave" la situación y ha vaticinado que antes de que finalicen los tres meses de suspensión "habrá un decreto ley" que introduzca las modificaciones, para comentar que "no hay convocada ningún reunión" por el Gobierno para tratar esta cuestión.

CC.OO. Aragón ha reclamado al Gobierno "un ejercicio de responsabilidad" y el "respeto" a una ley "que tiene suficientes elementos de equilibrio y puede afrontar los retos a los que se enfrenta el sistema público de pensiones y en caso de querer introducir cambios, utilice el marco del diálogo establecido en el Pacto de Toledo", ha apostillado Martín.