El presidente de la CEOE, Juan Rosell, ha propuesto a los órganos de dirección de la patronal que la persona que ocupe este cargo pueda ser destituida si resulta imputada judicialmente por una falta grave y se abre juicio contra ella.

Rosell ha planteado esta medida una semana después de que su antecesor en el cargo, Gerardo Díaz Ferrán, haya sido imputado y enviado a la cárcel por el vaciamiento de Viajes Marsans y por los delitos de alzamiento de bienes y evasión de capitales, entre otros.

Según fuentes de la CEOE, esta es una de las propuestas que ha hecho Rosell en la Junta directiva de la organización. Así, se podría hacer una moción de censura al presidente de la patronal a instancia del 25 % de los miembros de la Asamblea de la CEOE a través del voto secreto.

Además, según las fuentes, Rosell ha planteado la posibilidad de que el presidente tenga dos mandatos consecutivos de cuatro años como máximo.

También ha propuesto si el presidente debe tener o no retribución y, en caso de que la tuviera, ésta debería aprobarse en Junta y publicarse anualmente en los informes de auditoría de las cuentas de la CEOE.

Estas propuestas se han trasladado a la Comisión de Régimen interno que es la encargada de recoger y elaborar el informe final sobre el cambio de los estatutos de la CEOE.

Según las fuentes, el informe o resto de las medidas para modernizar la CEOE no se han presentado en Junta.

En cuanto al juicio al que se enfrenta el expresidente Gerardo Díaz-Ferrán, la CEOE expresa en un comunicado su "absoluto respeto" por las actuaciones judiciales en marcha y espera "resoluciones rápidas".

Dentro de la 'Operación Crucero', el magistrado envió el pasado miércoles a prisión a Díaz Ferrán.

Según la patronal, los últimos hechos conocidos sobre Díaz Ferrán son "independientes y ajenos a la gestión interna de la CEOE durante su mandato".

Frente a la actuación de Díaz Ferrán, la CEOE quiere "poner en valor" el trabajo y esfuerzo de la mayoría de los empresarios, del que destacan que se basa en seguir apoyando sus empresas y avalando con su patrimonio personal la marcha de éstas para no cerrarlas y así salvar los puestos de trabajo. Para la patronal este es el "principio ético" que rige la gestión diaria de las empresas y de la propia CEOE.