Bancos y cajas paralizan los desalojos

La Asociación Española de Banca (AEB) se ha comprometido a paralizar los desahucios durante los dos próximos años, "en aquellos casos en que concurran circunstancias de extrema necesidad". Desde la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), se ha decidido también suspender la ejecución de desahucios de vivienda habitual "hasta la entrada en vigor de la reforma normativa anunciada por las autoridades". 

La AEB informó de esta nueva medida en un comunicado. La patronal señala que ha mantenido diversos contactos con representantes del Gobierno y que el presidente de la patronal, Miguel Martín, trasladó al secretario de Estado de Economía y Competitividad, Fernando Jiménez Latorre, este compromiso en nombre de los bancos de la asociación.

La patronal destaca que esta medida, adoptada por "razones humanitarias y en el marco de su política de responsabilidad social", había sido objeto de un debate "intenso y profundo" de los bancos asociados "a fin de contribuir a paliar la situación de desamparo de muchas personas por causa de la crisis económica".

Además, la AEB se muestra a disposición del Gobierno, del principal partido de la oposición y del resto de formaciones políticas "para ofrecer su opinión sobre la ordenación del mercado hipotecario a fin de que el mismo pueda seguir satisfaciendo la necesidad primaria de vivienda de los ciudadanos".

En relación a este comunicado, BBVA ha afirmado que su postura sobre los desahucios es la expresada por la AEB. Fuentes de la entidad han señalado así que la posición de la entidad es la postura "oficial" expresada este lunes por la patronal de la banca.

Las mismas fuentes han añadido que, en todo caso, los casos de ejecuciones de desahucios por parte de la entidad son "mínimos" y que ayudan "a nueve de cada diez clientes con problemas". "Somos sensibles a los casos especialmente graves", han agregado.

Por su parte, CatalunyaCaixa ha informado en un comunicado de que paralizó el 6 de noviembre los desahucios de particulares en su vivienda habitual, y ampliará el alquiler social a todas las familias desfavorecidas con hipoteca. En los casos de primera vivienda de particulares, ofrecerá "todas las soluciones posibles destinadas a facilitar la permanencia de las familias en las viviendas".

La entidad catalana ha añadido que amplía su Alquiler Social rebajando el precio del alquiler mensual de la vivienda, para evitar las ejecuciones hipotecarias en los casos de las familias desfavorecidas y que dichos clientes puedan permanecer en la misma vivienda o en una de propiedad de la entidad.

Desde Novagalicia Banco se ha confirmado que suspenden los desahucios hasta que entren en vigor los cambios normativos que el Gobierno busca pactar con el PSOE, y ha asegurado que ha actuado "agotando todas las posibilidades que concede la ley" para evitar esta resolución.

Fuentes de la entidad han explicado que sí se han producido desahucios de alguno de sus clientes, aunque en "un número muy pequeño", y han indicado que no tiene desagregados los datos según se trate de primeras o segundas viviendas, por lo que no los han concretado más.

Asimismo, el consejo de administración del Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria (Ceiss) ha acordado suspender la ejecución de desahucios de vivienda habitual de colectivos especialmente vulnerables.

A la espera de la nueva normativa

Las entidades financieras asociadas a la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) han decidido suspender la ejecución de desahucios de vivienda habitual de colectivos "especialmente vulnerables hasta la entrada en vigor de la reforma normativa anunciada por las autoridades".

De esta manera, la patronal de las cajas se une a la AEB. En un comunicado, la CECA señala que esta iniciativa se suma a los esfuerzos que, de manera independiente y desde el comienzo de la crisis, han desplegado las entidades para evitar los desahucios.

De esta forma, indica que las entidades han estudiado todos los casos para ofrecer a los clientes hipotecarios la medida más oportuna, como refinanciaciones, periodos de carencia, daciones en pago con carácter voluntario o la adquisición de vivienda para su posterior alquiler al deudor, entre otras.

Además, las entidades financieras asociadas a la CECA afirman que están ofreciendo a los reguladores "toda su colaboración para el diseño y ejecución de una nueva normativa que evite la exclusión financiera y social de aquellos colectivos que se encuentran en una situación de especial".

Un "parche"

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Madrid ha considerado que el anuncio de la AEBanca sobre los desahucios es un "parche" y se ha preguntado cuáles serán los requisitos que tendrán que cumplir las familias para acogerse a sus condiciones.

La portavoz y psicóloga de la Plataforma, Tatiana Roeva, ha señalado que se preguntan "qué requisitos pondrán y cuáles son las familias que consideran de extrema necesidad o muy vulnerables", porque "absolutamente todas las familias que se encuentran en esta situación son consideradas de extrema necesidad y vulnerables".

Según la portavoz, "lo que deben hacer es dejar de rescatar bancos y rescatar a las personas", que paralicen todos los desahucios en España hasta que dure la crisis económica y "que se permita la condonación de la deuda o la dación en pago retroactivo", entre otras cosas.

Por su parte, la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) ha pedido la aprobación "inmediata" de una moratoria hipotecaria por Real Decreto Ley que "paralice todos los procesos judiciales de embargo de vivienda habitual a familias de buena fe" tras "las decepcionantes decisiones del 'grupo de expertos'.

En un comunicado, Adicae cree que las reuniones de trabajo del grupo de teóricos expertos formado por representantes de los ministerios de Presidencia, Hacienda, Economía y Justicia "sólo servirán para hacerle un nuevo lavado de cara a la banca, que ya se ha posicionado mediante sendos comunicados de prensa de la AEB y la CECA".

Desde la Asociación Europea de Inversores Profesionales (Asinver), se considera que el compromiso de los bancos para aplicar una moratoria en las ejecuciones hipotecarias crea una "apariencia de solución" que está lejos de resolver la cuestión de fondo, representa un incentivo al impago y enmascara las razones reales del problema, al mismo tiempo que apunta que tendrá un "impacto más testimonial y simbólico que real".