La huelga general convocada este viernes por UGT y CC. OO. para el 14 de noviembre, la segunda en la presente legislatura tras el paro general del pasado 29 de marzo, culmina una serie de movilizaciones y protestas que se iniciaron contra la reforma laboral y contra la política de ajustes para contener el déficit. 

Ya en abril, los ajustes aprobados por el Gobierno en los ámbitos educativo y sanitario para ahorrar 10.000 millones de euros desencadenaron la convocatoria de nuevas movilizaciones, en un ambiente de crispación, en el que los dos sindicatos comenzaron a lamentar la ausencia de diálogo social.

Las protestas convirtieron el 1 de Mayo en una jornada especialmente reivindicativa en la que CC. OO. y UGT anunciaron su intención de mantener las protestas hasta que el Gobierno rectificara su política.

Los secretarios generales de CC. OO., Ignacio Fernández Toxo, y de UGT, Cándido Méndez, auguraron un aumento de la conflictividad en España si no se rectificaba la reforma laboral en el Congreso, algo que finalmente no ocurrió.

Por ello, convocaron toda una serie de concentraciones y movilizaciones en 55 ciudades españolas, así como un "día de lucha" en las administraciones locales de toda España porque, a su juicio, la reforma empeora las condiciones laborales de los empleados públicos y facilita sus despidos.

Pero las protestas fueron más allá de la reforma laboral, ya que CC. OO. y UGT, comenzaron un nuevo ciclo de movilizaciones ante "los posibles" recortes de los presupuestos generales del Estado para 2013 o los que podrían derivarse de una ayuda al sector financiero.

Además de las distintas movilizaciones en los ámbitos de la educación, la sanidad, o el transporte, en junio se comenzó a organizar la "marcha negra" de los mineros hacia Madrid en protesta por los recortes que amenazan con la desaparición del sector del carbón.

Toxo y Méndez, que acusaron a Mariano Rajoy, de no haber cumplido con lo prometido en la campaña electoral, comenzaron a lanzar la idea de hacer un referéndum para que los ciudadanos votaran si estaban de acuerdo con las medidas del Ejecutivo.

La aprobación del decreto de 13 de julio que incluía medidas como la eliminación de la paga de Navidad a los funcionarios y reducía a la mitad de sus moscosos (días de libranza), además de la subida del IVA, la reducción de la prestación por desempleo a partir del sexto mes o la congelación de la oferta pública de empleo, elevó el tono de las protestas.

Los funcionarios se unieron a las movilizaciones y miles de personas se volvieron a manifestar en 80 ciudades como paso previo a la "gran concentración" del 15 de septiembre en Madrid.

Desde entonces, CC. OO. y UGT convocaron a funcionarios y al resto de trabajadores a concentrarse todos los viernes de agosto ante el Ministerio de Hacienda.

También en julio se constituyó la Cumbre social, en la que se integran CC. OO., UGT, CSI-F, USO y 150 organizaciones sociales, como símbolo de apoyo del conjunto de la sociedad a los sindicatos.

Una vez aprobados los presupuestos para 2013 en septiembre CC. OO. y UGT coincidieron en que no serían eficaces y aumentaría el paro, lo que unido al malestar por la reforma laboral y el resto de las medidas del Gobierno desembocó al planteamiento de una nueva convocatoria de huelga general.