Llegan al Congreso unas cuentas austeras marcadas por el alza de la deuda

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, detallará mañana en el Congreso el proyecto de presupuestos generales del Estado de 2013, aprobado ayer por el Gobierno, que es más restrictivo en el gasto que el anterior, aunque está marcado por el alza de los intereses asociados a la deuda soberana.

Esta es una de las tres únicas partidas cuya dotación crece en las cuentas del próximo año, además de las pensiones, que aumentarán el 1 %, y las becas, cuyo incremento aún se desconoce.

Las dificultades que ha encontrado España para financiar su deuda en los mercados, como consecuencia de las incertidumbres en torno al euro, han obligado al Estado a aumentar en más de 9.000 millones de euros la partida destinada a pagar los intereses de la deuda.

Esta es la razón de que el límite de gasto en el que puede incurrir el Estado el próximo año haya aumentado un 9,2 % respecto al anterior presupuesto (hasta 126.792 millones), a pesar del proceso de reducción del déficit público en el que está inmerso el Ejecutivo.

Al respecto, el Gobierno no duda de que logrará reducir el desequilibrio de las cuentas públicas al 6,3 % del PIB este año y al 4,5 % el próximo.

Para ello ha acometido una reducción global del gasto del 7,3 %, ya que el relacionado con el personal caerá el 3,9 % por la congelación de los salarios y la oferta de empleos públicos, en tanto que los Ministerios ajustarán una media del 8,9 %.

El mayor recorte lo sufrirán Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (25,4 %); Industria, Energía y Turismo (21,3 %), y Educación, Cultura y Deporte (17,2 %).

También se volverán a recortar las subvenciones a sindicatos y organizaciones empresariales (20 %), así como a partidos políticos (42 %).

Por el contrario, no se toca la partida destinada a I+D civil, se garantiza a los trabajadores públicos que volverán a tener dos pagas extra (tras suspender la de diciembre en 2012) y se acuerda una subida de las pensiones del 1 %.

La financiación del gasto social (principalmente pensiones y desempleo), que se llevará el 63,6 % del presupuesto de gasto (excluida la deuda pública), será posible por un incremento de los ingresos del 4 %, gracias al efecto de las subidas de impuestos adoptadas este año de IRPF e IVA, y a la puesta en marcha de nuevas medidas tributarias.

Al respecto, el Gobierno ha decidido prorrogar el impuesto sobre el patrimonio y adoptar un nuevo gravamen del 20 % para los premios de Loterías, Cruz Roja y la ONCE superiores a 2.500 euros.

Además, ha suprimido la deducción por la compra de vivienda habitual, ha subido el gravamen sobre plusvalías a corto plazo, ha puesto límite a la deducción por amortización para grandes empresas y ha creado un gravamen del 5 % para la actualización de los balances empresariales.

No obstante, algunos expertos fiscales y los agentes sociales han puesto en cuestión que se puedan obtener 175.177 millones procedentes de impuestos en un contexto de recesión económica, en el que se prevé una caída del PIB del 0,5 % y una pérdida de empleo del 0,2 % que apenas permitirá bajar unas décimas la tasa de paro.

Precisamente, la falta de cotizantes a la Seguridad Social ha llevado al Ejecutivo a renunciar a sus planes de rebajar un punto las cotizaciones sociales que las empresas pagan por sus trabajadores, algo que ha sido muy mal recibido por la patronal.

La misma cuestión ha forzado al Gobierno tomar del Fondo de Reserva algo más de 3.000 millones para garantizar el cobro de las pensiones.