Tras la decisión de Castilla-La Mancha de acogerse al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), ya son cinco las autonomías que han mostrado su intención de adherirse a este mecanismo, con una petición total de más de 14.900 millones de euros (el 82,87 % de los 18.000 millones).

Este fondo es un mecanismo de carácter temporal y voluntario al que pueden adherirse aquellas comunidades autónomas que precisen atender los vencimientos de su deuda y financiar el endeudamiento permitido por la normativa de estabilidad presupuestaria.

Estará dotado con 6.000 millones de euros que aportará Loterías y Apuestas del Estado, otros 4.000 millones que pondrá el Tesoro directamente de caja y 8.000 millones de euros que provendrán de entidades financieras.

El pasado 20 de julio la Comunidad Valenciana se convirtió en la primera autonomía que se adhería al fondo, al solicitar 3.500 millones de euros para hacer frente a los vencimientos de deuda de este año y al pago de proveedores. La Generalitat anunció posteriormente que pedirá otros mil millones adicionales al Gobierno "por otras vías".

Tres días después fue Murcia la que anunció su intención de solicitar 200 o 300 millones de euros al Fondo de Liquidez Autonómica, una cantidad que finalmente ha quedado fijada en 641 millones.

El 24 de julio el Gobierno catalán sugirió que podría acogerse también al fondo. Un mes después, el 28 de agosto, anunció que pedirá 5.023 millones de euros y precisó que no aceptará "condiciones políticas" para disponer de unos recursos "que son de los propios catalanes".

Hasta este jueves, la última comunidad en anunciar su intención de solicitar fondos era Andalucía, que el pasado martes avanzó que pedirá "muy probablemente" 4.906 millones de euros.

Estas peticiones anunciadas por los Ejecutivos autonómicos suman en total 14.918 millones de euros, lo que supone el 82,87% de lo previsto para este instrumento con el objetivo de ayudar a las autonomías con problemas de financiación.

El Fondo de Liquidez Autonómica, financiado por el Tesoro y dotado con un máximo de 18.000 millones de euros, fue creado el 13 de julio a través del Real Decreto-Ley 21/2012 de medidas de liquidez de las administraciones públicas y en el ámbito financiero.