El Gobierno plantea despidos colectivos en el sector público

"Rechazo total", esa es la postura del sindicato de funcionarios (CSI-F) ante el borrador sobre el 'Reglamento de procedimientos de despidos colectivos, suspensión de contratos y reducción de jornada' presentado por el Gobierno como un paquete de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral.

El borrador, dado a conocer a los sindicatos, contempla la aplicación de estas posibilidades al personal laboral de entes, organismos y entidades del sector público.

Concretamente, las Administraciones Públicas podrán aplicar el despido colectivo cuando sufran una reducción de las subvenciones, presupuestos o aportaciones, del 10% respecto al ejercicio anterior.

"Es margen muy pequeño -opina Pablo Asín, presidente de CSI-F Aragón-, solo esperar un año me parece dar carta blanca para reducir el personal". Asín considera que, como mínimo, debería haber una reducción del presupuesto del 20 al 30% en un margen de tres años consecutivos para poder plantearse este tipo de despidos: "Si existe la posibilidad, se pondrán estas ideas encima de la mesa pero igual, como en todo, no hay negociación y esto son habas contadas", lamenta el presidente regional de la central sindical, temiéndose la aprobación del borrador.

Como en el caso de las empresas privadas, las administraciones también podrán alegar causas técnicas y organizativas para llevar a cabo despidos colectivos: "Cuando se produzcan cambios, entre otros, en los medios o instrumentos (...), en los sistemas o en los métodos de trabajo del personal adscrito al servicio público", reza el borrador enviado por el Ministerio de Empleo a los sindicatos para que hagan sus aportaciones.

"Da la sensación de que esté hecho con la intención de adelgazar el personal de la Administración, lo que conllevará, sin duda, una peor calidad de los servicios públicos", observa Asín.

Además, en el caso de entes, organismos y entidades del sector público que no se consideren Administraciones Públicas, el borrador propone considerar causas económicas para la aplicación de EREs, los mismos supuestos que para las empresas privadas: Tres trimestres consecutivos de ingresos inferiores a los mismos trimestres del año anterior.

Todas estas medidas no afectarían a los funcionarios, sino al personal laboral, adscrito a las leyes laborales, contratado por las Administraciones (actualmente 700.000) y a los trabajadores de empresas con más el 50% del capital público.

De todas formas, el texto contempla la prioridad de permanencia en su puesto de trabajo del personal laboral fijo que haya adquirido esa condición por oposición. "Puede ser una manera de quitarse a los temporales", matiza el presidente sindical.

La crítica más dura que se ha hecho de momento a este borrador es que, es la propia Administración la que decide los presupuestos y, por tanto, la que puede faciliar las condiciones para justificar despidos colectivos en ministerios, consejerías autonómicas y entidades de la administración local, así como entes dependientes de estos organismos.