La Asociación de Excavadores de Aragón (AEXAR) ha denunciado la "grave situación" que padecen las subcontratas aragonesas por los incumplimientos en los pagos a sus servicios, una situación que les hace estar "hartos y cansados", según ha explicado a Efe el secretario general de la organización, Roberto Loraque.

AEXAR, en una reunión que tuvo lugar este martes, acordó enviar al delegado del gobierno en Aragón, Gustavo Alcalde, una proposición no de ley del PP en el Parlamento Vasco para introducir medidas de protección de la subcontratación en obra pública y empleo, con el fin de establecer obligaciones legales al pago a los subcontratistas.

Loraque ha explicado que existen "empresas grandes" que se adjudican contratos públicos y contratan para realizar las obras a otras empresas más pequeñas a las que ofrecen contratos "vergonzosos" que están "casi obligados a firmar", puesto que "si no lo hacen ellos, lo harán otros".

Además, ha asegurado que algunas empresas "se retrasan en los pagos" a las subcontratas: "de los 50 o 60 días de un contrato normal a los cerca de 210", ha matizado, lo que crea un grave perjuicio a la financiación de las pequeñas empresas y "el cierre del grifo" de las entidades financieras.

Por ello, AEXAR, apoyada en las quejas de sus miembros y la iniciativa del PP Vasco, ha exigido que se considere "infracción grave" el no cumplimiento del pago en los plazos establecidos y la posibilidad de "pago directo" a las empresas subcontratistas en caso de mora del contratista principal, ello en la línea apuntada en el proyecto de directiva europea sobre contratación pública."

El fin es que "se exija el pago a los subcontratistas como paso previo al cobro de las certificaciones de obra", ha especificado Loraque, es decir, que uno de los requisitos para que la administración pague al contratista debe ser que haya pagado a su vez a la subcontrata según la ley de morosidad.

De la misma manera, el subcontratista ya debe demostrar ante el contratista que se encuentra al corriente del pago con la Seguridad Social, Hacienda y empleados.

"La relación privada entre contratista y contratado establecida por ley "ha dado estos frutos", ha asegurado Loraque, quien también ha recordado que en "tiempos mejores" se contrataban empresas sin cumplir la legalidad y profesionalidad, por lo que "se fomentaba que trabajase el más pirata".

En cuanto a la posibilidad de que los contratistas principales no reciban el dinero de la administración, Loraque ha admitido que es posible haya un cierto retraso en las pagas dada la situación de crisis, pero que ya habían denunciado este hecho desde "2002 o 2003", un momento de "pujanza" de la construcción, y "no se hizo nada".