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Crisis económica

El Eurogrupo concretará el viernes las líneas generales de la ayuda a España

Los ministros de Finanzas exponen los distintos tramos en los que está previsto que se ponga en marcha el rescate.

Efe. Bruselas Actualizada 17/07/2012 a las 08:42
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Los ministros de Finanzas de la zona del euro mantendrán el viernes una teleconferencia para finalizar y firmar el memorando de entendimiento sobre el préstamo de hasta 100.000 millones de euros que recibirá España para sanear su banca.

Fuentes diplomáticas indicaron a Efe que el Eurogrupo se celebrará finalmente vía teleconferencia este mismo viernes, fecha que ya había sido adelantada en la última reunión de los ministros de Finanzas de la eurozona en la que se llegó a un acuerdo político sobre el memorando de entendimiento y que ahora debe ser finalizado y ratificado para que se pueda desembolsar el primer tramo de ayuda.

En concreto, la eurozona entregará a España la ayuda europea de hasta 100.000 millones de euros en cuatro tramos y hasta 25.000 millones se destinarán a la financiación de los bancos malos que se crearán para aislar los activos inmobiliarios.

El primer tramo ascenderá a 30.000 millones de euros en bonos del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF), tal y como había anunciado el último Eurogrupo, que estarán disponibles a finales de mes y para el caso de problemas urgentes.

Si finalmente España no necesitara esos 30.000 millones, 20.000 se transferirán a un segundo tramo y otros 10.000 millones, concebidos como colchón de seguridad, se dejarán para el final del periodo de desembolso, de 18 meses.

El segundo tramo, por tanto, podrá ascender hasta a 45.000 millones (20.000 que se volcarían del primer tramo si no se usaran y hasta 25.000 más ya previstos), que se entregará al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) a mediados de noviembre.

Estas inyecciones de capital irán destinadas a sustentar los bancos viables nacionalizados por el FROB -BFA/Bankia, CatalunyaCaixa, NovaCaixaGalicia y Banco de Valencia- y a liquidar las entidades no viables, y supondrán un 60 % de las necesidades totales de recapitalización del sector.

El tercer tramo, que será de 15.000 millones y se desembolsará a finales de diciembre, será empleado para sanear entidades viables o dar salida a las que no lo sean dentro del grupo de las que no han sido intervenidas ("grupo 2"), así como para las que intenten recapitalizarse por sus propios medios ("grupo 3") mediante la emisión de bonos convertibles contingentes ("cocos", en el argot financiero).

El cuarto tramo también podrá llegar hasta los 15.000 millones (5.000 millones ya previstos, a los que se sumarán los 10.000 millones del colchón de seguridad si es que España no hiciera uso de ellos este mes) y se centrará en socorrer a aquellas entidades del "grupo 3" que finalmente no lograron financiarse por sí mismas.

El periodo medio del vencimiento del préstamo será de hasta 15 años, con una media de 12,5 años.

A cambio del préstamo, la UE someterá a España a un estricto régimen de vigilancia y controles, con misiones trimestrales, una constante entrega de información y un control minucioso de las políticas económicas del Gobierno y del cumplimiento de las condiciones impuestas a la banca y al sector en su conjunto.

La banca española tendrá que llegar al menos al 9 % de capital de máxima calidad y aquellas entidades que requieran ayuda tendrán que crear hasta noviembre sociedades de gestión de activos para separar los activos inmobiliarios, es decir un "banco malo".

Si los bancos resultan no ser viables se liquidarán. Si tienen todavía posibilidades de ser salvados tendrán que abandonar actividades secundarias y vender participaciones y activos, reducir el número de oficinas o recortar personal.
Las entidades que requieran ayuda pública no podrán repartir dividendos y tendrán que limitar la remuneración de los ejecutivos y miembros de los consejos de administración.

Los accionistas y titulares de híbridos y de deuda subordinada -como son las preferentes- tendrán que asumir una parte de las pérdidas para que el peso de la reestructuración no recaiga sobre las arcas públicas y por ende sobre el contribuyente.




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