La Mesa del Congreso ha acordado por unanimidad suprimir a los diputados la paga extra de Navidad en consonancia con el recorte aplicado por el Gobierno a los funcionarios, lo que supondrá una reducción del 7,8 por ciento de su salario anual, según ha especificado el secretario cuarto de este órgano, el 'popular' Santiago Cervera.

En su reunión de este martes, la Mesa de la Cámara Baja ha analizado el escrito firmado por todas las fuerzas parlamentarias, a excepción de Amaiur, pidiendo al presidente del Congreso, Jesús Posada, la eliminación de la paga de Navidad de los 350 diputados.

Después de que el pasado miércoles el presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, anunciara la eliminación de una paga extra a los funcionarios y pidiera ese mismo esfuerzo a los parlamentarios, el PP comenzó a buscar el apoyo de todos los partidos para pedir a Posada en un escrito que aplicara esta medida a sus señorías.

Todos menos Amaiur

Los 'populares' consiguieron plasmar la firma de todas las fuerzas que conforman el arco parlamentario, a excepción de Amaiur, que se desmarcó del escrito argumentando que se trata de un gesto "puntual, simbólico, inaceptable e hipócrita" por parte del PP al que, según apuntaron a Europa Press fuentes de la coalición abertzale, no van a seguirle el "juego".

Además, la coalición conformada por Eusko Alkartasuna, Aralar y la izquierda abertzale heredera de Batasuna ha recordado que ya planteó hace meses revisar el salario y los complementos que reciben los diputados para fijarles un sueldo mensual equivalente a tres veces el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), en torno a un máximo de 2.000 euros. Esa propuesta, dirigida a la Mesa del Congreso, no obtuvo respuesta.

Así se hizo en la pasada legislatura

Para aplicar dicho recorte, basta con que las Mesas del Congreso y del Senado acuerden la no disponibilidad de la partida presupuestaria prevista este año para esta nómina extra de los diputados y los senadores.

Así se hizo en la pasada legislatura con el paquete de ajustes anunciados por José Luis Rodríguez Zapatero en mayo de 2010, cuando decidió una reducción progresiva del salario de los funcionarios, una medida que acabó aplicándose también a los parlamentarios y al resto de funcionarios que trabajan en la Cortes Generales.