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Economía

Rescate financiero

La UE pone 32 condiciones a cambio de la ayuda a España

España tendrá que cumplir 32 condiciones a cambio de la ayuda europea, según el Memorando de Entendimiento tras el acuerdo político que se logró en el Eurogrupo.

La UE someterá a España a un estricto régimen de vigilancia y controles durante los próximos 18 meses a cambio de la ayuda que recibirá para recapitalizar la banca, con misiones trimestrales, una constante entrega de información y un control minucioso de las políticas económicas del Gobierno.

España tendrá que cumplir 32 condiciones a cambio de la ayuda europea, según el Memorando de Entendimiento tras el acuerdo político que se logró en el Eurogrupo.

El préstamo de hasta 100.000 millones de euros que recibirá España para sanear la banca conllevará principalmente condiciones para las entidades que requieran capital público y el sector financiero en su conjunto, pero también implica "en paralelo" una vigilancia estrecha y regular de los compromisos macroeconómicos.

Fuentes europeas han admitido que las condiciones para España fijadas en el memorando de entendimiento, que recibió el visto bueno político del Eurogrupo, son "más duras de lo que se esperaba a priori pero también "más suaves" que las que se ha establecido para otros programas de asistencia financiera como el de Irlanda, Portugal o Grecia y el que habrá pronto para Chipre.

Así, durante los 18 meses en los que se entregará por tramos el préstamo a España, una suerte de "troika" -formada por la Comisión Europea (CE), el Banco Central Europeo (BCE) y, en este caso, la Autoridad Bancaria Europea (EBA) en lugar del Fondo Monetario Internacional (FMI)- verificará cada trimestre el cumplimiento de las condiciones vinculadas al plan con "misiones" e informes por parte de España.

El FMI proporcionará asistencia técnica a la hora de implementar y supervisar la ayuda financiera y el Gobierno español tendrá que presentar a la CE, al BCE, a la EBA y al FMI, bajo estrictas condiciones de confidencialidad, los datos necesarios para vigilar el conjunto del sector bancario y bancos con un interés específico por su naturaleza sistémica o su situación".

Más aún, la CE -en cooperación con el BCE y la EBA- estará autorizada a llevar a cabo inspecciones in situ en cualquier institución financiera que se beneficie de las ayudas para asegurar que se cumplen las condiciones.

El Memorando incluye toda una serie de información que España deberá facilitar a Europa, como datos semanales sobre depósitos bancarios y la situación de liquidez de las entidades y recuentos trimestrales sobre la exposición a la deuda soberana.

Pérdida de competencias

El Ministerio de Economía español perderá ciertos poderes: tendrá que transferir antes de final de año al Banco de España los poderes sancionadores y la capacidad de dar licencias bancarias, y debe "fortalecer más la independencia operativa" de esta entidad.

Asimismo, tendrá que identificar hasta finales de octubre "posibilidades para dar al Banco de España más poder para que pueda emitir directrices o interpretaciones vinculantes".

El Gobierno tendrá que emprender también en los próximos meses una reforma de sus cajas de ahorros para que éstas terminen por dejar de controlar bancos comerciales.

Ya entre julio y agosto el Gobierno tendrá que preparar planes de reestructuración y liquidación para las entidades que han sido nacionalizadas a través del FROB (BFA/Bankia, CatalunyaCaixa, NovaCaixaGalicia y Banco de Valencia), con el fin de que la CE pueda aprobar los primeros antes de noviembre.

Mientras, un segundo grupo de entidades -las no intervenidas- tendrá que presentar los programas en octubre para recibir autorización en diciembre y los últimos -los que trataran de sanearse por su cuenta- en junio próximo.

Este último grupo tendrá que emitir como medida de precaución bonos convertibles contingentes ("cocos", en el argot financiero) que serán suscritos por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) con el fin de recapitalizarse hasta diciembre.

La banca española tendrán que llegar al menos al 9 % de capital de máxima calidad y aquellas entidades que requieran ayuda tendrán que crear hasta noviembre sociedades de gestión de activos para separar los activos inmobiliarios, es decir un "banco malo".

Si los bancos resultan no ser viables se liquidarán. Si tienen todavía posibilidades de ser salvados tendrán que abandonar actividades secundarias y vender participaciones y activos, reducir el número de oficinas o recortar personal, según se desprende del texto.

Las entidades que requieran ayuda pública no podrán repartir dividendos y tendrán que limitar la remuneración de los ejecutivos y miembros de los consejos de administración.

Los accionistas y titulares de híbridos y de deuda subordinada -como son las preferentes- tendrán que asumir una parte de las pérdidas para que el peso de la reestructuración no recaiga sobre las arcas públicas y por ende sobre el contribuyente.

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