Economía

Utebo

Los dueños de Cacaolat tendrán que devolver las ayudas

Deberá devolver las ayudas públicas que recibió del gobierno de Aragón al haber incumplido los puntos del plan por el que resultó adjudicataria.

La nueva propietaria de la compañía Planta Lechera Utebo, a quien se le adjudicó por decisión judicial la unidad productiva de Cacaolat en esta población, deberá devolver las ayudas públicas que recibió del gobierno de Aragón al haber incumplido los puntos del plan por el que resultó adjudicataria.

El consejero de Industria del gobierno de Aragón, Arturo Aliaga, ha explicado hoy en el pleno de las Cortes que ya ha pedido explicaciones a la nueva propiedad de la planta (formada por la distribuidora de Coca Cola Cobega, la cervecera Damm y la firma de reflotamiento de empresas Victory Corporate Turnaround) acerca de los motivos que le han llevado a modificar el proyecto inicial.

Para ello, está prevista una reunión el próximo 12 de julio con los representantes de la empresa.

Además, los servicios técnicos de la consejería de Agricultura ya les han comunicado que deberán devolver el dinero que recibieron en forma de subvenciones del ejecutivo aragonés.

Así lo ha explicado en respuesta a una pregunta formulada por el diputado de IU Luis Ángel Romero, quien ha explicado que la dirección ha presentado un expediente de extinción de contratos que afecta al 60 por ciento de los trabajadores.

Y eso a pesar de que el proyecto industrial que presentó ante el juzgado de lo Mercantil número 6 de Zaragoza y que le sirvió para hacerse con la planta de Utebo, en el marco del concurso de acreedores de Cacaolat, especificaba que se iba a mantener el empleo.

El proyecto también incluía una inversión de cuatro millones de euros para mejoras tecnológicas, el refuerzo de las marcas Sali, Levantina y Cerdanya, el aprovechamiento de las redes de distribución de los nuevos propietarios para penetrar en nuevos mercados, y la potenciación del negocio de la leche condensada.

La adjudicación por parte del juzgado se realizó por 75 millones de euros.

Romero ha dicho que el gobierno de Aragón, además, debería enviar una carta al juez que estudia el expediente de extinción presentado para que éste sea consciente del incumplimiento del acuerdo.

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