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Economía
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Conflicto con Argentina por Repsol

Fernández avanza en la expropiación de la petrolera

De las acciones expropiadas, el 51 por ciento pasarán a estar bajo control del Estado nacional y el 49 por ciento restante se distribuirán entre las provincias.

La presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, sostiene una muestra de la primera extracción de petróleo realizada en el país
Fernández avanza en la expropiación de la petrolera
EFE

La presidenta argentina, Cristina Fernández, ha ordenado la intervención inmediata de la petrolera YPF y ha enviado al Congreso un proyecto de ley para expropiar el 51 por ciento de las acciones de la compañía, controlada por la española Repsol.

Apenas unos minutos después del anuncio de la mandataria, transmitido en cadena nacional, la Bolsa de Buenos Aires ha suspendido la cotización de YPF y funcionarios argentinos se presentaron en la sede de la petrolera y expulsaron a sus ejecutivos.

El subsecretario de Coordinación del Ministerio de Planificación de Argentina, Roberto Baratta se presentó con una lista de directores, entre ellos el español Antonio Gomis, director general de Repsol en Argentina, que deben renunciar y les ordenó que tomaran sus pertenencias personales y abandonaran el edificio.

Arropada por ministros, gobernadores, dirigentes oficialistas y empresarios afines al Gobierno, Fernández ha informado en la Casa Rosada, por sorpresa, de la intervención de YPF, participada en un 57,43 por ciento por Repsol, y del avance en su expropiación, en un acto que no figuraba en la agenda oficial del día y que se ha convocado formalmente apenas media hora antes.

"Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación el cincuenta y uno por ciento del patrimonio de YPF Sociedad Anónima representado por igual porcentaje de las acciones Clase D de dicha empresa pertenecientes a Repsol YPF S.A", señala el proyecto de ley.

La iniciativa declara de interés "público nacional" el sector de los hidrocarburos y apunta que la valoración de la compañía correrá a cargo del gubernamental Tribunal de Tasación, pero no explica de dónde saldrán los fondos para el pago de las acciones que se expropiarán.

La presidenta ha logrado vencer la resistencia interna de varios gobernadores sobre la expropiación de YPF al anunciar que, de las acciones expropiadas, el 51 por ciento será para el Estado y el 49 por ciento restante para las provincias productoras.

"De proseguir la política de vaciamiento, con no producción y no exploración, prácticamente nos convertiríamos en un país inviable, no por falta de recursos sino por políticas empresariales", ha subrayó Fernández en su discurso en la Casa Rosada.

El proyecto de ley que se enviará al Congreso consta de "19 artículos, con 50 páginas de fundamentos claros y precisos" para expropiar el 51 por ciento de YPF y "recuperar la soberanía hidrocarburífera", ha dicho la presidenta.,

"Esto es una política de Estado que debe unirnos a todos los argentinos", ha agregado la mandataria, que confía en la aprobación del proyecto en el Congreso, donde el oficialismo tiene mayoría absoluta, a pesar de que requiere del apoyo de dos tercios del Senado y de la Cámara de Diputados.

Al término de un discurso de más de una hora, Fernández ha evocado la figura de su esposo y antecesor en el cargo para justificar su decisión.

"A él le habría gustado una YPF pública", ha dicho Fernández con lágrimas en los ojos en alusión a su esposo y antecesor, Néstor Kirchner, pero olvidó mencionar que ambos apoyaron la privatización de la petrolera y que fue precisamente el expresidente quien abrió la puerta a la entrada del grupo argentino Petersen en la compañía con el 25,46 por ciento de las acciones.

Consciente de que el anuncio ha caído como un mazazo entre grandes empresas con capital extranjero, que venían manifestando en las últimas semanas su preocupación por el cariz que estaba tomando el enfrentamiento entre el Gobierno e YPF, Fernández ha intentado tranquilizar a los inversores extranjeros.

"Tengamos en claro, que las empresa que están aquí, son empresas argentinas, aún cuando tengan accionistas extranjeros y no nos molestan las rentabilidades y si no que se fijen en las rentabilidad de algunas de origen español", ha dicho en referencia a otras grandes compañías españolas que operan en su país.

Reunión en Moncloa

Poco después de conocerse la decisión sobre YPF, el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, convocó una reunión con sus ministros de Industria, José Manuel Soria, y Exteriores, José Manuel García-Margallo, para analizar las medidas que va a adoptar su Ejecutivo.

Horas antes, Rajoy garantizó que "allí donde haya una empresa española, allí estará el Gobierno defendiendo como propios sus intereses".

Fernández ha insistido en que "toda empresa argentina cuyos accionistas sean extranjeros tengan la certeza de que en la medida que acompañen el crecimiento del país: vamos a seguir trabajando codo a codo", ha insistido Fernández.

La presidenta mantuvo que Argentina "es el único país latinoamericano, y diría del mundo, que no maneja sus recursos naturales", y ha insistido en criticar la "política de vaciamiento" de YPF.

"Vamos a hacer una conducción de la empresa absolutamente profesionalizada", afirmó Fernández, que denunció que YPF invirtió 8.813 millones de dólares entre 1999 y 2011, periodo en el que obtuvo ganancias netas por 16.450 millones de dólares, de los cuales repartió 13.246 millones entre sus accionistas.

La presión del Gobierno contra la petrolera, la mayor empresa del país, comenzó el pasado diciembre, cuando la presidenta responsabilizó a la compañía de la factura energética que debe afrontar Argentina este año, unos 10.000 millones de dólares.

Más adelante, la compañía perdió hasta una quincena de licencias en seis de las diez provincias petroleras del país.

YPF, que ha negado reiteradamente las acusaciones de Fernández, anunció que este año invertiría en Argentina un récord de 3.400 millones de dólares, cifra que supera los 3.000 millones de dólares de 2011.

El anuncio de la expropiación se ha producido tras varios intentos infructuosos del presidente de Repsol, Antonio Brufau, de ser recibido por la presidenta argentina y una ofensiva diplomática del gobierno español en defensa de la compañía.

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