La Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza exige que la puesta en marcha del mecanismo para facilitar el pago, por las entidades locales, de las cantidades pendientes a los proveedores de bienes y servicios, no debe realizarse en perjuicio de los derechos de las pequeñas y medianas empresas.

Así, debe garantizarse, tanto que cobrarán las cantidades pendientes con los intereses legales correspondientes, como que no se realizarán quitas del dinero adeudado a las pymes, que han sido las principales víctimas de la morosidad de las Administraciones, ya que carecen de la capacidad de resistencia financiera de las grandes empresas, han afirmado desde el organismo cameral.

"El Gobierno acierta, y así lo reconoce la Cámara de Comercio, al afrontar el urgente problema de la morosidad de las entidades locales y las comunidades autónomas; el Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores es una buena iniciativa y un instrumento adecuado para evitar las desaparición de miles de pymes, asfixiadas por los impagos públicos", han añadido.

Sin embargo, las condiciones para que las empresas puedan cobrar las deudas resultan "inaceptables" para las pymes al abrir la puerta a la aplicación de descuentos sobre las cantidades pendientes y eludir el pago de los intereses de demora. "De nuevo, son las pequeñas y medianas empresas quienes sufren una insoportable e injustificada carga financiera, que además afecta a sus derechos legales".

Criterios

El Real-Decreto Ley introduce los dos puntos "inasumibles" para las pymes. En primer lugar, el principal criterio para priorizar el pago se establece en función de la oferta de descuento sobre la obligación pendiente de pago.

Para la Cámara, las pymes no pueden admitir la posición de fuerza del Gobierno sobre unas empresas en un estado tan precario que admitan renunciar a parte de su deuda para cobrar o que entren en una espiral de descuentos a la baja.

El segundo aspecto, el cobro de los intereses de la deuda, afecta también a los derechos legales que tienen las empresas. De acuerdo al Real-Decreto, el abono al proveedor conlleva la extinción de la deuda contraída por la entidad local con el contratista, incluyendo los intereses.