Economía estudia evitar los desahucios en viviendas de menos de 200.000 euros

El Ministerio de Economía está ultimando el detalle de las condiciones que deben concurrir en una familia para evitar un desahucio, entre las que se estudia que el valor de compra de su vivienda no supere los 200.000 euros, según fuentes financieras.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha anunciado que este viernes el Consejo de Ministros aprobará el decreto ley con medidas para atenuar el problema de los desahucios entre las personas con riesgo de exclusión social.

El decreto ley establecerá las condiciones que deben cumplir estas familias para que se las considere bajo el riesgo de exclusión y poder evitar el desahucio por impago.

Entre las condiciones a cumplir se encuentran que su nivel de ingresos sea insuficiente para pagar la hipoteca, que la vivienda sea la única en propiedad y que el deudor no tenga otros bienes con los que hacer frente a la deuda.

Uno de los aspectos que todavía hoy está por determinar es el importe de compra máximo de la vivienda afectada, y en estos momentos la propuesta en situarla en los 200.000 euros, aunque no es definitiva.

Además, se considerará que el riesgo de exclusión de una familia estará "agravado" cuando el titular de la vivienda sea mayor de 65 años o tenga una discapacidad, o bien tenga menores a su cargo, hijos mayores con una minusvalía igual o superior al 33 por ciento, o ascendientes mayores de 65 años.

El decreto ley contendrá asimismo una rebaja en los intereses de demora en los pagos que no se puedan afrontar, y cuya tasa anual no podrá ser superior al 1,5 por ciento sobre el saldo vivo del crédito.

Está previsto que el decreto-ley incluya también una reforma de todos los procedimientos de ejecución, para hacerlos más ágiles, baratos y transparentes, así como la creación de un nuevo sistema de subastas de viviendas "online".

"Código de Buenas Prácticas" bancarias

La reforma se completará con un "Código de Buenas Prácticas" bancarias sobre desahucios que, pese a ser voluntario, será publicado también en el Boletín Oficial del Estado (BOE) como anexo al decreto ley.

El código incluirá las medidas que tendrían un difícil encaje en el ordenamiento jurídico, como ocurre por ejemplo con la dación en pago, en el que la entrega de la vivienda al banco salda la deuda hipotecaria.

Además de que obligar por ley a la dación en pago de manera retroactiva sería cuestionable, Economía cree que ello encarecería las hipotecas, ya que las entidades acabarían trasladando el coste al cliente.

En este código, por tanto, se incluirá la dación en pago voluntaria para los colectivos en riesgo de exclusión, una posible moratoria de dos años antes del desalojo, la posibilidad de abonar durante ese plazo una cantidad equivalente a un alquiler.

Otra de las medidas voluntarias sería que los bancos acepten asumir parte de su error al tasar muy cara una vivienda.

Economía se muestra confiada en que las entidades acabarán asumiendo este código, dado que para ellas el desahucio es la última de las soluciones, y por el fuerte malestar que genera.

Los bancos tendrán que reconocer si se adhieren o no a este código, con lo que deberán afrontar el coste de reputación que le suponga no atender el problema de las familias sin recursos que no pueden pagar su hipoteca.