Se llaman Desokupa, nacieron hace un año en Barcelona, y en este tiempo no han parado de crecer en clientes y facturación. Ya cuentan con sede en Madrid y próximamente harán lo propio en Zaragoza. Su función, como su propio nombre indica, desalojar viviendas okupadas ilegalmente y devolvérselas a sus legítimos propietarios.

“La idea surgió a raíz de sufrir en primera persona la experiencia de ver un piso nuestro okupado. Entonces estudiamos durante un año con abogados y jueces cómo desempeñar de forma legal una función necesaria para la sociedad”, explica J., administrador de Desokupa. La empresa como tal comenzó su andadura en 2016. Desde entonces han 'liberado' 300 inmuebles y han recibido 110.000 visitas a su página web.

“La mayoría de los casos se dan en Madrid y Barcelona, pero también hemos actuado en Málaga, Marbella, Sevilla, Zaragoza, Almería, Huelva...”, apunta. El 95% de los clientes son personas físicas, y el 5% restante, jurídicas, eso sí, “nunca bancos”. Las tarifas varían en función de la complejidad de cada caso, pero la media oscila entre los 2.000 y los 2.500 euros.

Pero, ¿cómo consiguen echar legalmente a los okupas en un breve periodo de tiempo, si la Justicia puede tardar años? Su fórmula combina una búsqueda de los límites de la ley, y la imponente presencia física. O lo que es lo mismo, abogados y personal de seguridad con titulación en control de acceso.

“Cuando nos llega un cliente, analiza su caso un comité formado por tres personas, entre ellas un jurista y un director de seguridad. Después nos ponemos en contacto con los okupas, y aquí ya depende de la actitud que muestren. Pueden prestarse a negociar, y el caso se soluciona en la primera visita, o negarse, y entonces a veces se alarga semanas”, comenta J.

Desde Desokupa aseguran que “el 90% de los casos se resuelven con acuerdos, porque el okupa no quiere problemas”. En el resto, es cuando entra en acción el denominado control de accesos. El personal de seguridad de la empresa establece en la puerta una vigilancia, de forma que solo pueden acceder a la propiedad en cuestión aquellas personas que demuestren que son propietarias del piso. Traducido, si los okupas salen de la vivienda, ya no pueden volver a acceder.

Un sistema no alejado de riesgos y que puede generar situaciones de conflicto. En cualquier caso, J. puntualiza que “no utilizamos la fuerza y somos pacientes y educados, aunque todo depende de la actitud de los okupas”, aunque reconoce que “hay factores de riesgo y no siempre acertamos”. De hecho, colectivos vecinales y asociaciones cívicas de la capital catalana anunciaron que tomarían medidas legales contra esta y otras empresas similares, por vulnerar la ley con coacciones y amenazas.

Sede en Zaragoza

Lo cierto es que hasta la fecha nadie ha frenado su actividad en los juzgados, y de hecho, su cartera de clientes no para de crecer. El fenómeno de la okupación de viviendas se ha disparado en los últimos años al abrigo de la crisis económica. Las administraciones han puesto en marcha recientemente medidas para facilitar viviendas vacías a familias en dificultades, pero el problema de la okupación está lejos de solucionarse para miles de propietarios.

De ahí que Desokupa esté en negociaciones para abrir una franquicia en Zaragoza, desde donde dar respuesta al “importante volumen de viviendas okupadas que hay”, señalan desde la empresa. “Estamos en conversaciones, les daremos apoyo y formación del equipo”, porque en la capital aragonesa “sabemos que hay problemas serios”.