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Ciclismo

Operación Puerto: la hora del juicio

Se inicia el juicio contra la red de dopaje por un presunto delito contra la saluda pública. Los hermanos Fuentes (Eufemiano y Yolanda) y los directores Saiz, Belda y el zaragozano Labarta, en el banquillo.

R. C. Madrid Actualizada 27/01/2013 a las 20:01
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El doctor Eufemiano Fuentes en una foto de archivoEFE

 El 23 de mayo de 2006, tras una investigación de varios meses, la policía lanzó un operativo en el que se incautó de numerosos productos dopantes y alrededor de 200 muestras de sangre encontradas en varios apartamentos de Madrid. Ese mismo día, detuvo a varias personas - médicos, directores deportivos, preparadores físicos - acusados de ser los organizadores de esta red de dopaje.

A partir del lunes, cinco personas - Eufemiano Fuentes, el médico sospechoso de ser el cerebro de esta trama, su hermana Yolanda y los exdirectores deportivos Manolo Saiz (Liberty Seguros), Vicente Belda (Comunitat Valenciana) y su director adjunto, el zaragozano José Ignacio Labarta- deberán sentarse en el banquillo de los acusados por un «delito contra la salud pública». El doctor José Luis Merino Batres, imputado en un inicio y considerado como «el experto sanguíneo» de la red, ha visto como una juez ha archivado provisionalmente su caso el jueves por razones de salud, ya que padece Alzheimer.

Los cinco imputados están acusados de un «delito contra la salud pública» en vez de incitación al dopaje porque, cuando se produjeron los hechos, este delito aún no estaba recogido en la justicia española, que no tuvo una ley antidopaje hasta noviembre de 2006.

Es alrededor de esta distinción donde girará buena parte del proceso judicial, que durará hasta el próximo 12 de marzo.

La Fiscalía, que ha pedido para los acusados dos años de prisión y dos de inhabilitación para ejercer su profesión, y las seis acusaciones particulares intentarán probar que el doctor Fuentes y el resto de acusados ponían en peligro la integridad física de los deportistas al realizarles autotransfusiones para aumentar su rendimiento deportivo.

Un hecho que niega el doctor Fuentes quien, tras saltar a la primera plana de los diarios, siempre se ha presentado como alguien que cuida de los atletas y que nunca los pondría en peligro. En su escrito de defensa enviado al tribunal, al que tuvo acceso el diario El País, el médico canario recuerda que «la sangre y el plasma fueron conservados de manera óptima» y que «ninguno de los corredores ha comparecido en esta causa como posible perjudicado».

Afirmaciones como estas son las que los testigos como el exciclista Jesús Manzano, citado a declarar el 11 de febrero, intentarán refutar. Desde 2004, este excorredor del Kelme, un equipo español cuyo médico era Fuentes, ha denunciado las prácticas dopantes generalizadas dentro del pelotón, reconociendo que él mismo fue sometido a autotransfusiones de sangre adulterada.

Entre los testigos también estará el madrileño Alberto Contador, que ha vuelto a la competición tras una suspensión de dos años por dopaje. Declarará el 5 de febrero, aunque él nunca se vio implicado en el caso juzgado.

Siete años después de los hechos, este proceso ofrece al deporte español una buena ocasión de mostrar su firmeza contra el dopaje, tras la decepción que supuso la resolución deportiva del caso. En un principio, los investigadores señalaron que no solo estaban implicados ciclistas. El mismo Fuentes declaró al diario francés Le Monde que tenía «otros deportistas como clientes: atletas, tenistas, futbolistas», aunque luego se retractó.

En el informe de la Guardia Civil, apareció finalmente una lista de 58 presuntos clientes de la red, todos ciclistas, de los que solo seis recibieron una sanción deportiva: el español Valverde, los alemanes Ullrich y Jaksche y los italianos Basso, Scarponi y Caruso (aunque este último fue absuelto por el TAS).

El caso llega a juicio tras un largo camino en el que el juez instructor Antonio Serrano lo cerró en dos ocasiones en 2007 y 2008 alegando que cuando ocurrieron los hechos no existía una legislación penal en España que castigara las conductas relacionadas con el dopaje y que el nivel de Eritropoyetina (EPO) detectado en las bolsas de sangre atribuidas a los ciclistas citados en el escándalo no constituía un riesgo para la salud. La Audiencia Provincial de Madrid le obligó a reabrirlo en las dos ocasiones.

España prepara actualmente una nueva ley antidopaje, con el objetivo de armonizar su legislación con el código mundial antidopaje. Y ahora más que nunca el contexto, marcado por el caso Lance Armstrong (tras su reciente confesión de que se dopó), es favorable a una gran limpieza.
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