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Blog - La voz de mi amo

por Matias Uribe

REAL ZARAGOZA

Los puntos de la discordia

Soláns y Agapito Iglesias discrepan sobre la responsabilidad de los pagos. El presidente pide indemnización por deudas que cree que correspondían al anterior propietario.

Alfonso Soláns y Agapito Iglesias, tras la firma del acuerdo de compraventa.
Los puntos de la discordia
CARLOS MONCíN

A pesar de la intensa negociación llevada a cabo por los servicios jurídicos de Alfonso Soláns, por un lado, y Agapito Iglesias, por otro, el proceso de compraventa del Real Zaragoza ha acabado, cuatro años y medio después, en un cruce de demandas que habrán de resolver los tribunales. Fue el ex presidente quien tomó la iniciativa, aunque no sorprende el movimiento de Agapito Iglesias, que hace dos meses ya había anunciado, en el desarrollo de una rueda de prensa, su voluntad de 'judicializar' la compra del Real Zaragoza. Y eso que entonces parecía que las que estaban en su punto de mira eran las instituciones -sobre las que también sobrevuelan las inquietudes de Agapito Iglesias-. El primer movimiento, sin embargo, ha sido actuar tras la demanda interpuesta por Alfonso Soláns al considerar que se han recortado sus perspectivas de desarrollo económico, un aspecto fundamental para entender su entrada en el Real Zaragoza.

Las posturas de los dos empresarios son firmes y se sustentan sobre cuatro puntos concretos del documento firmado el 26 de mayo de 2006: dos hacen referencia a los plazos de los pagos; otros dos se sustentan bajo el epígrafe de "obligaciones de indemnizar" en el caso de que aparezcan circunstancias previas que tengan repercusión tras el cambio de propiedad.

En el acuerdo se establece que se habrán de pagar 12 millones de euros por el 84,25 por ciento de las acciones de la sociedad anónima deportiva. Un pago se lleva a cabo de forma previa, dos millones de euros. Los otros diez millones se dividen en dos plazos: cinco millones en el momento en el que se resuelva la recalificación de las oficinas del Real Zaragoza; y cinco millones más el día 26 de mayo de 2010, pasados cuatro años desde la firma del acuerdo.

Sin embargo, el proceso se quiebra; las partes no se ponen de acuerdo sobre los pagos y la interpretación del contrato y con apenas dos semanas de diferencia, se citan en los Juzgados.

¿Cuáles son los argumentos que defienden ambas partes?; ¿qué se establece en el contrato por el que se intercambia la propiedad del Real Zaragoza?

Quien toma la iniciativa es el ex presidente Alfonso Soláns, quien interpone la demanda por el impago de la cantidad de cinco millones de euros a la que Iglesias ha de hacer frente a los cuatro años de la firma del acuerdo. El anterior propietario entiende que no se ha llevado a cabo el pago el 26 de mayo de 2010 y al no llegarse a un acuerdo para resolver el contencioso pone la cuestión en manos de los jueces.

Mientras tanto, Agapito Iglesias abandera su reivindicación con una condición también incluida en el contrato: después del pago inicial de 2 millones, el documento establece que se pagarán 5 millones más en un plazo de 30 días desde la notificación de la aprobación definitiva por parte del Ayuntamiento del expediente de modificación del Plan General de Ordenación Urbana. Es decir, cuando se recalifiquen las oficinas y el gimnasio del Real Zaragoza.

Agapito pagó esa cantidad, pero ahora pide su devolución por considerar que no se ha formalizado la recalificación. Los responsables municipales esgrimen que el acuerdo del Plan General fue aprobado en pleno municipal, aunque el asunto está ahora parado por orden judicial. Como la de los 42.500 metros cuadrados del entorno del campo de fútbol con cuya financiación el Ayuntamiento quería -y quiere- financiar el nuevo estadio.

La demanda de Agapito Iglesias tiene otra vertiente. Argumenta el empresario soriano que a lo largo de estos cuatro años ha encontrado lo que él denomina 'pasivos ocultos', deudas que mantenía el Zaragoza con futbolistas, empleados y otras entidades. Sostiene el actual presidente que esa cantidad alcanza los 2,461 millones de euros, lo que mermaría el patrimonio del Real Zaragoza. Y dice el presidente que Soláns debe hacerse cargo de ese pago de acuerdo con lo establecido en el documento de compraventa: la vendedora debe mantener a la compradora a salvo de cualquier daño (en referencia a los pagos no previstos en la fecha del contrato).

"¿Y por qué no se me dijo nada?", podrían argumentar los servicios jurídicos de Soláns, ya que en el mismo contrato se establece que el nuevo propietario debe ofrecer información a la parte vendedora de las distintas contingencias que pudieran sucederse.

Cuestiones que conforman un entramado de intereses y perspectivas jurídicas que las dos partes han dejado en manos de los jueces.

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