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La retransmisión del Zaragoza-Espanyol continúa en el aire

El conficto existente entre el club aragonés y la productora Mediapro no ha sido desbloqueado, por lo que la entidad presidida por Agapito Iglesias podría vetar la entrada de cámaras de televisión a La Romareda.

Foto de archivo de una retransmisión televisiva durante un partido en La Romareda
El juez prohíbe a Mediapro grabar al Real Zaragoza
HERALDO

Casi un mes después del último encuentro, regresa el fútbol a La Romareda. Y con él se aviva una vieja polémica todavía no resulta. El conflicto existente entre el Real Zaragoza y la productora audiovisual Mediapro aun no ha sido desbloqueado por lo que, de momento, el partido entre el conjunto aragonés y el Espanyol no sería televisado.

Tras amenazar con la prohibición del acceso a las cámaras de televisión al partido que enfrentó a los zaragozanos ante el Real Madrid, la institución blanquilla decidió levantar la medida de presión argumentando, a través de un comunicado, su intención “de contribuir a que el arranque liguero sea una fiesta esperanzada para los aficionados de toda España”. Una decisión que, según el propio club, tuvo en cuenta “el contexto general por el que atraviesa el fútbol español, tras la resolución de la huelga de jugadores y el acuerdo suscrito entre la LFP y la AFE”.

Sin embargo, en la misma misiva, el Real Zaragoza llamaba al “diálogo y la voluntad de entendimiento”, unas premisas de negociación que no han llegado a ningún puerto hasta la fecha.

Deuda económica

La entidad presidida por Agapito Iglesias reclama el cobro de los derechos que la productora le debe para esta temporada. Una cantidad que ronda los siete millones de euros. Por ello, los administradores concursales permitieron, en julio, el veto a la retransmisión de imágenes en los partidos que los zaragocistas jugasen como locales.

Mediapro, por su parte, asegura que tiene depositado el dinero en un juzgado de Barcelona debido a que el Zaragoza ya se ha comprometido para la temporada 2012/13 con Prisa, obviando el supuesto derecho prioritario que poseía la empresa de Jaume Roures en la negociación.

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