En algunas de sus reflexiones acerca de la caza, Ortega dejó señalado que la escasez es una condición propia de la actividad cinegética, tanto ahora como antes, tanto en tiempos pretéritos como en los actuales.

La caza, para ser tal, en su sentido más radical y original -entendía el pensador español-, debía estar acompañada por una nota de insuficiencia. Entre los cazadores de arraigadas tradiciones, no hay quien discrepe de su doctrina. Pero al mismo tiempo no deja de existir una evidente preocupación por la situación y condiciones por las que atraviesan las especies de caza menor, aquí, en Aragón, y en la práctica totalidad del país.

Al contrario de lo que sucede con las especies de caza mayor, un ámbito en el que las prácticas venatorias cada día disponen, en términos generales, de mayores cupos y posibilidades, conejos, liebres y perdices no hallan el modo de recuperar sus poblaciones. Si un año no cabe calificarlo de bueno ni siquiera por aproximación, el siguiente resulta peor. En la presente temporada, cuando ya se encamina hacia su conclusión, las sensaciones son de nuevo pesimistas.

Han escaseado conejos, liebres y perdiz autóctona. Los datos de campo no acompañan a la esperanza. Es así en el presente ejercicio. Pero como éste se han dado muchos otros. La sucesión es larga. Quizá por eso, la sensación de que el tiempo pasa sin que se adopten medidas efectivas va calando en el ánimo.

Se ha hablado con intensidad en los últimos años de la vacuna recombinante del conejo, de las ayudas a las especies a través de los llamados comederos y bebederos, de los planes cinegéticos, de la gestión sostenible, de una agricultura respetuosa con el medio o de la constante reducción de los periodos de caza, de modo que la mayor parte del año se ha convertido a estos efectos en un vedado.

Sin embargo, ninguna de estas herramientas se ha mostrado plenamente eficaz. No lo han sido tomadas en su especificidad. Tampoco la combinación de todas ellas ha aportado otro horizonte diferente.

Unidad legislativa

En este debate surge con fuerza una idea. Cada vez son más las voces que apuestan por unificar criterios legislativos en torno a la caza, hasta el punto de que se ha sugerido la posibilidad de crear una ley de bases al respecto, si es que en materia de caza hubiera una reserva legislativa para el Estado.

La Unión Nacional de Asociaciones de Caza (UNAC), por ejemplo, se está adentrando en este territorio. Las especies que habitan la Península -exponen en su argumentación de fondo- no entienden de delimitaciones administrativas, ni de autonomías, ni de tipificación de hechos que en una Comunidad las protegen de una manera y en otro lugar de forma distinta.

En la Torre de Babel que se ha convertido la gestión de la caza, con diecisiete marcos normativos diferentes en nuestro país, se está perdiendo la caza menuda. Hilando de modo más fino desde esta perspectiva, hay quien aboga por la aprobación de una Ley de Patrimonio Cinegético.

De esta suerte -se sostiene-, no se legislaría sobre la actividad cinegética, que es competencia autonómica, sino solo sobre las especies, sus modos de vida y ecosistemas. Fernando Tello, recientemente reelegido presidente de la Federación Aragonesa de Caza, es precisamente una de las personalidades señaladas del país que viven este tema con preocupación.

En algunos sectores se añora la vieja Ley de Caza de 1970, un texto que pertenece a otros tiempos pasados, a otra época; pero que ha sido generalmente alabado desde un punto de vista técnico. Aquella ley disfrutaba de la visión panorámica perdida y que ahora se reivindica como posible tratamiento a un problema del que no se sale.