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Las defensas de los imputados piden el archivo del caso Oikos
La gran mayoría de los encausados se han sumado en los últimos días a la petición hecha la semana pasada por los letrados de Agustín Lasaosa e Íñigo López al considerar que la investigación se está alargando en el tiempo sin bases sólidas a la espera de que pueda surgir algún hecho punible.
Lo hicieron la semana pasada los abogados de Agustín Lasaosa e Íñigo López y a ellos se les han ido uniendo en los últimos días, especialmente este lunes, la gran mayoría de las defensas del resto de imputados en el caso Oikos pidiendo el archivo de sus causas. Sus solicitudes cuestionan la investigación desarrollada por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) al entender que no ha aportado prueba alguna contra sus respectivos clientes y surgen como respuesta a un escrito hecho a finales del pasado mes de abril por el juez Ángel de Pedro, encargado de la instrucción, en el que mostraba dudas respecto al informe aportado por la UDEF sobre el presunto pago de primas ilegales a la plantilla del Reus para que venciera al Valladolid en la temporada 2016-17, uno de los dos partidos sobre los que se centran las pesquisas junto al Huesca-Nàstic del curso siguiente, en el que las sospechas giraban entorno a una supuesta trama de apuestas ilegales, lo que puso en marcha un proceso de cuyo estallido se cumplirán tres años el próximo sábado y que forzó a realizar detenciones en dos ocasiones.
La respuesta del juez se espera que no tarde en producirse dado que además el 28 de julio vence el actual periodo de prórroga en el que se encuentra el caso. De momento, desde las acusaciones ya se ha pronunciado La Liga, que rechaza la petición.
Los abogados de Lasaosa, expresidente de la SD Huesca que podría regresar al club en el caso de no seguir adelante su causa, y del exjugador Íñigo López, al que se pudo ver en el palco de El Alcoraz el sábado junto a Lasaosa siguiendo el duelo con la Real Sociedad B, consideran que la investigación se está alargando en el tiempo a la espera de que surjan hechos delictivos, un tipo de instrucción rechazado por el Constitucional.
La causa ha llegado a contar con medio centenar de investigados y ya han sido varias las ocasiones en las que se ha ampliado el periodo de instrucción.
