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La jueza aprueba la modificación del convenio de acreedores del Zaragoza
El club hará frente a su próximo pago en septiembre de 2022, ganando así liquidez para el próximo ejercicio.
La jueza del Juzgado Mercantil número 2 de Zaragoza, Maria Carmen Villellas Sancho, ha aprobado este miércoles la modificación del convenio de acreedores del Real Zaragoza, que previamente había presentado las adhesiones del 52,78% de sus acreedores ordinarios. De este modo, el club aragonés modifica su calendario de pagos, afrontando en septiembre de 2022 el próximo de ellos sobre un montante total de 24.736.986 euros.
En este sentido, el Real Zaragoza había solicitado en la modificación del convenio que su siguiente abono a los acreedores fuera dos meses después de la temporada posterior a la modificación concursal (en este caso la 2022-2023), cuestión que ha sido aprobada definitivamente este miércoles. De este modo, la entidad zaragozana gana así liquidez inmediata para el próximo ejercicio, aspecto de importancia mayor para elevar el techo salarial de la plantilla y acudir así con mayores garantías al mercado de fichajes.
En este escenario, el club aragonés prolonga hasta el año 2030, cinco años más, sus obligaciones de pago, aliviando así su ajustada tesorería. Este cambio en las condiciones del concurso, además de aliviar a corto plazo la exigencias financieras de la entidad, prevé también diferentes contextos deportivos, como un posible descenso a Primera Federación (la categoría que reemplaza a Segunda División B) o un hipotético ascenso a Primera División. En el caso de descenso a la tercera división del país, los pagos del concurso entrarían en un periodo de suspensión. En el segundo caso, el que habla de un regreso a la élite del fútbol nacional, los acreedores verían aumentadas las cuantías de los pagos en un 20%. Hasta la fecha, el club ha abonado dos anualidades, las correspondientes a los ejercicios económicos de 2018 y 2019, por valor de 1,36 millones de euros y de 1,679 millones, respectivamente.
El Real Zaragoza ya modificó en el año 2016 su exigente calendario de pagos. En aquella ocasión, la SAD encontró el apoyo del 60% de los acreedores necesarios, sobre una deuda que entonces ascendía a 27,2 millones de euros. Ahora, el club ha aprovechado un cambio en la ley concursal, a consecuencia de la covid-19 y sus repercusiones económicas en ámbitos deportivos, para modificar su calendario. Castigado en sus ingresos corrientes por la pandemia (reducción de taquillas y abonados especialmente), el club aragonés decidió acogerse a esta previsión legal y, a mediados del pasado mes de marzo, solicitó ante el Juzgado de lo Mercantil número 2 su propuesta de modificación, intención que la jueza María Carmen Villellas trasladó a la administración concursal del club, formada por Carlos Terreu, Andrés Jiménez Lenguas y Jorge Aso.
El Juzgado admitió el pasado día 16 de abril la solicitud planteada por el Real Zaragoza, con fecha de 11 de marzo, por el importante descenso de ingresos previstos por la entidad por culpa de la pandemia, que obligó al cierre de los estadios, con todas las repercusiones económicas derivadas de esa medida. Este miércoles, el proceso se ha aprobado definitivamente.
