La Audiencia Provincial de Valencia lleva el caso Levante-Real Zaragoza de nuevo al foco de la Justicia

Esta segunda instancia revoca la decisión primera del Juzgado de Instrucción de archivar el caso y atiende las apelaciones y pruebas justificativas de la Fiscalía, la LFP y el Deportivo de La Coruña.

Los futbolistas del Real Zaragoza, en la celebración de la salvación en el campo del Levante tras ganar 1-2 el partido investigado.
Los futbolistas del Real Zaragoza, en la celebración de la salvación en el campo del Levante tras ganar 1-2 el partido investigado.
Toni Galán

La Audiencia Provincial de Valencia, en su Sección Quinta, decidió ayer jueves, 25 de enero de 2018, reabrir el caso por el presunto amaño del partido Levante-Real Zaragoza, de mayo de 2011, en el que el equipo aragonés salvó la categoría (Primera División) al ganar 1-2 en la última jornada al cuadro granota en el estadio Ciutat de Valencia, y que en su día (el 31 de julio de 2017) fue archivado por la jueza del Juzgado de Instrucción nº 8 de Valencia, Isabel Rodríguez, tras más de un año de procedimiento y declaraciones de más de cuatro decenas de imputados y testigos.

De este modo, tras casi 6 meses de letargo en el ámbito público, dentro del discurrir natural del proceso, el caso vuelve al primer plano de la actualidad, al foco principal de la Justicia. Esto es así porque los magistrados de la Audiencia valenciana, en este caso Begoña Solaz, Concepción Ceres y Olga Casas, han estimado los recursos de apelación interpuestos por el Ministerio Fiscal, por la Liga Nacional de Fútbol y por el Deportivo de la Coruña, que en su día fueron presentados en tiempo y forma al referido auto de 31 de julio de 2017, del Juzgado de Instrucción nº 8 de Valencia. Para ello se han tenido en cuenta las diferentes alegaciones y nuevos documentos justificativos de los recurrentes. La Audiencia, de este modo, revoca la resolución primera que archivaba el caso y, de inmediato, manda continuar el procedimiento.

En el auto que activa el mecanismo de apelación, sus Señorías razonan jurídicamente en seis extensos epígrafes su decisión. En ellos, se esgrime que el Ministerio Fiscal, en su recurso, alega un error en la valoración de las diligencias de investigación practicadas por el Juzgado de Instrucción y justifica "la evidencia de la existencia de indicios claros de haberse cometido los delitos de corrupción deportiva y falsedad de documento mercantil".

Asimismo, se advierte que "pueden considerarse practicadas todas las diligencias necesarias y útiles" y se subraya que "las partes no han interesado ninguna otra".

En un largo relato recordatorio, las magistradas repasan las cuestiones mollares de las pruebas y declaraciones que en su día llevaron a cabo y debieron abordar en los Juzgados de Valencia los imputados. Ahí se recuerdan, textualmente, pasajes que aluden al "hecho incontestable de la existencia de las transferencias efectuadas los días 17 y 19 de mayo de 2011 a nueve jugadores del Real Zaragoza, así como al entrenador del mismo club, Javier Aguirre, y al director deportivo, Antonio Prieto, por un importe total de 965.000 euros, cantidades que fueron inmediatamente dispuestas (en dicha cantidad no se incluyen 765.000 euros entregados a jugadores del Real Zaragoza en concepto de primas por mantener la categoría, cuya recepción suscribió Gabriel Fernández Arenas -Gabi-).

La Audiencia considera "incontestable igualmente que, para dar apariencia de regularidad, respecto de las transferencias efectuadas en mayo, se confeccionaran ex profeso en fecha 19 de septiembre de 2011, nóminas con el concepto 'P. Extra 5' y, respecto del director deportivo, 'Paga Extra 7', habiendo negado los jugadores del Real Zaragoza la realidad de esas nóminas". En este sentido, el auto refleja que "a la vista de los resultados de las diligencias de investigación, los hechos podrían ser constitutivos de un delito de falsedad en documento mercantil (...) respecto de los investigados Agapito Iglesias, Javier Porquera y Francisco Checa".

En las diferentes referencias a las declaraciones de los jugadores, la Audiencia expresa en su auto que se dieron diferentes "versiones contradictorias durante las diligencias y la instrucción", y recuerda con detalle diferencias de criterio en las aportaciones orales de futbolistas como Diogo, Jorge López, Gabi, Leo Franco; el entrenador, Javier Aguirre; el director deportivo, Antonio Prieto; el presidente y máximo accionista, Agapito Iglesias. Refleja, asimismo, negativas de determinados investigados ante conductas citadas por otros: casos de Agapito Iglesias respecto de lo declarado por Gabi o Jorge López; o del secretario general, Francisco Checa; o de Ángel Lafita, Ander Herrera o Leo Ponzio. También se cita a Lanzaro y Da Silva. 

El auto especifica que "las declaraciones de los jugadores y directivos del Real Zaragoza son dispares entres sí e incluso contradictorias y excluyentes, no quedando, en ningún caso justificado por ninguno de los testigos el destino del dinero recibido por transferencia los días 17 y 19 de mayo".

La Audiencia explica que "las nóminas de los jugadores del Real Zaragoza se confeccionaron a raíz de la administración concursal, lo que no es obstáculo a la apreciación de la existencia de indicios de criminalidad cuando lo cierto es que ninguno de los jugadores del Real Zaragoza admitió haber visto nunca antes las nóminas relativas a las primas donde se incluían las transferencias de los días 17 y 19 de mayo, que fueron los titulares de las cuentas bancarias a las que se había transferido el dinero quienes retiraron el efectivo de las cuentas".

Del mismo modo, se recoge que "innegable resulta que, de los informes elaborados por la Agencia Tributaria, respecto de 17 jugadores del Levante, concluye la existencia de una disminución generalizada de disposiciones en efectivo que no se compensan con un mayor gasto en la tarjeta de crédito". Ante esta evidencia, las magistradas expresan que "algunos ofrecen explicaciones no acreditadas, otros justificaciones poco verosímiles y otros se han acogido a su derecho a no declarar". Estos datos son considerados por la Audiencia como "un muy relevante indicio" y añade que "las versiones exculpatorias carecen de una mínima solidez" en lo que a los investigados levantinistas se refiere. En las reseñas del auto se recuerdan pasajes de la declaración y se reflejan los datos de los movimientos bancarios en el periodo de tiempo escrutado de Juanfran García, Cerra, Ballesteros, Xisco Muñoz, Héctor Rodas, Xavi Torres, Rubén Suárez, Stuani, Munúa, Javi Venta, Pallardó, Robusté, Jordá, Caicedo, Iborra, Jefferson Montero y Reina.

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