El Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) ha dejado en evidencia la conducta del árbitro andaluz Juan Manuel López Amaya. Y, de paso, al corporativismo mal entendido de los jueces que componen y fallan en las cuitas del fútbol profesional español, esos que componen los dos comités de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), llamados de Competición y Apelación, que trabajan bajo la tutela de dicho organismo, presidido por Ángel María Villar desde 1988. El TAD ha concedido la suspension cautelar de la sanción que pesa desde el pasado domingo sobre Albert Dorca, el centrocampista del Real Zaragoza, que fue expulsado de manera injusta en el minuto 37 en el duelo jugado por el cuadro aragonés en Soria frente al Numancia. Es decir, una vez que el procedimiento jurídico ha salido de las paredes de la Federación, ha hallado oídos que escuchan, ojos que ven y mentes que razonan con el sentido común como pauta.

El TAD ya no pertenece a la RFEF. Es la tercera instancia, la última a la que se puede acudir en el ámbito futbolístico cuando en las ventanillas federativas no es posible encontrar rectificaciones, laudos, juicios más meticulosos o posibilidades de defensa razonables. Y su sostén es el Consejo Superior de Deportes, es decir, el Gobierno de España. También participan en su estructura las diferentes federaciones deportivas del país. Los miembros del Tribunal Administrativo del Deporte son los siguientes: Enrique Arnaldo Alcubilla (Catedrático de Derecho Constitucional), que es su presidente por elección del resto; Miguel Pardo Irureta (Abogado del Estado); Blanca Lozano Cutanda (Catedrática de Derecho Administrativo); Koldo Irurzun Ugalde (Profesor titular de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social); Tomás González Cueto (Abogado del Estado -excedente-); Andreu Camps i Povill (Catedrático de legislación, organización y administración del deporte); Fernando Corral Collantes (Abogado); y Carmen Valverde Cabezudo (Tecnico Superior en Especialidad Jurídica).

Todos ellos, impermeables a los criterios que rigen en la Federación en casos como el que concurre, con el Real Zaragoza y los acontecimientos vividos en Soria con el granadino López Amaya de por medio, han visto que el recurso de amparo emitido desde la sede zaragocista tiene sustancia. Que lo de Dorca fue una barbaridad, un exceso de celo, una apreciación errada que mutiló las opciones de triunfo del equipo aragonés en Los Pajaritos. Y, estos sí -Competición y Apelación no lo hicieron horas antes con las mismas pruebas- han decretado que el partido de sanción derivado de la ya irremediable expulsión de Dorca no ha lugar (la reversión del guión del partido no tiene remedio alguno y los dos puntos que volaron al final de las alforjas zaragocistas jamás regresarán, ni siquiera vía judicial). Es decir, López Amaya la pifió de mala manera. Y, posteriormente, también quienes se han empeñado en dar carta de veracidad al error manifiesto -múltiple- del colegiado de Granada con esa crudeza que suele emanar de las actas de los partidos, documentos cuyo valor alcanza a veces cotas exageradamente sagradas en un campo tan voluble y fácilmente analizable a posteriori como es el de los encuentros de fútbol en el siglo XXI.

Dorca jugará este próximo domingo ante el Nástic de Tarragona. Como debió hacerlo en Soria durante los 95 minutos del choque ante el Numancia, y no solo durante 37. El TAD, en la medida de lo posible, ha restituido hasta donde se puede el honor y la razón del Real Zaragoza. De este modo, el menoscabo de Los Pajaritos no seguirá extendiéndose en el partido siguiente, el de La Romareda ante el rival tarraconense. Algo que hubiera sido el colmo y que, eso sí, aún tiene al entrenador Lluís Carreras como damnificado, ya que el TAD no ha querido agrandar más el agujero negro de la RFEF y ha mantenido los tres partidos de suspensión al técnico zaragocista por las protestas que, según López Amaya, emitió desde el banquillo en los últimos minutos del duelo ante los numantinos. Dadas las circunstancias, un mal menor.