Los giros que están dando los acontecimientos en torno al Real Zaragoza y el incumplimiento del contrato de compraventa por parte del grupo de Javier Lasheras y Mariano Casasnovas en puntos esenciales han llevado a Agapito Iglesias, anterior accionista mayoritario de la sociedad anónima deportiva, a valorar seriamente la posibilidad de ejercitar su derecho de resolución del mencionado acuerdo contractual, firmado a principios del pasado mes de junio en Madrid. 

Desde ayer, sábado, Iglesias reflexiona sobre la conveniencia de recuperar la propiedad de su paquete accionarial, para traspasarlo posteriormente a la Fundación Zaragoza 2032, proyecto que encabeza César Alierta, presidente de Telefónica, y en el que se incluyen varios empresarios aragoneses de prestigio, dentro del cual se encuentra la familia Yarza, propietaria del Grupo Heraldo. 

La primera apuesta de Agapito Iglesias, el grupo de Javier Lasheras y Mariano Casasnovas, no está siendo la solución que esperaba. Estos empresarios están demostrando tener considerables problemas para sacar adelante la segunda fase del plan que se trazaron en un principio: la venta del Real Zaragoza a un grupo inversor que dote de solvencia suficiente a la sociedad anónima deportiva, todavía amenazada por un evidente riesgo de desaparición.

Lasheras ha quedado atascado en la negociación que mantiene abierta con la Agencia Tributaria, con la que no consigue firmar un nuevo calendario de pagos de la deuda tributaria del club del escudo del león.

A su vez, de este problema se está traduciendo en otro grave inconveniente: el grupo inversor mexicano con el que tiene firmado un preacuerdo de compraventa no ve claro su desembarco en el Real Zaragoza, entre otras razones porque condicionó su inversión, precisamente, a que estuvieran solucionados los litigios con el erario público español.

En este sentido, la Fundación Zaragoza 2032 podría suponer un cambio sustancial de coordenadas. Ofrece garantías económicas en favor del Real Zaragoza, solvencia de la que tendrá constancia fehaciente la Liga de Fútbol Profesional (LFP), que preside el abogado oscense Javier Tebas, a partir de mañana, lunes.

Otra cuestión muy diferente para Agapito Iglesias es el valor monetario que la Fundación Zaragoza 2032 da en la actualidad a las acciones del club. Los patronos de la referida fundación entienden que tal transacción sólo se puede efectuar por un valor simbólico y no por un precio de 9,8 millones de euros, como firmaron Lasheras y Casasnovas.

A su juicio, el valor real de la acción del Real Zaragoza debe tomarse acercándose al valor contable y en atención a que el club arrastra una deuda muy elevada (sobrepasa los 113 millones de euros), necesita de una inyección inmediata de alrededor de ocho millones de euros, sufre un embargo cautelar de la licencia federativa y en Segunda División no dispone de viabilidad económica, de acuerdo con los actuales términos del convenio de acreedores.

Además, Agapito Iglesias, como principal acreedor del Real Zaragoza, debería asumir una sustancial y nueva quita en sus créditos,  derechos de cobro que la administración concursal calificó de subordinados.

Sobre las facultades de Agapito Iglesias para solicitar la resolución del contrato de venta de su paquete accionarial al grupo de Javier Lasheras y Mariano Casasnovas no parece que pueda encontrar problemas relevantes. La literalidad del contrato se ha incumplido en varios de sus puntos, alguno esencial, como el referido a la dotación de 8 millones para el club. A Iglesias le valdría una notificación notarial para dar por resuelto dicho contrato.   

El empresario soriano siempre se ha resistido a contemplar la liquidación del Real Zaragoza como solución a sus problemas de insolvencia y apalancamiento, al mismo tiempo que ha considerado que la vía más adecuada para salir del atolladero por el que atraviesa el club es una operación de compraventa que inyecte nuevo capital en la entidad deportiva.