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Real Zaragoza

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El descenso no obliga a ejecutar al completo el aval de la DGA, que sigue su curso

"Sigue el trámite normal", ha dicho el consejero Bermúdez de Castro, que ha afirmado que la DGA ha tenido que pagar 527.317 euros a requerimiento de las entidades financieras.

El descenso del Real Zaragoza se consumó el pasado sábado
Partido entre el Zaragoza y el Atlético de Madrid_2
AGENCIAS

El descenso del Real Zaragoza a Segunda División no afecta al aval que el Gobierno de Aragón firmó en 2004 con esta entidad por ocho millones de euros, que sigue su curso al margen, habiendo satisfecho ya el Ejecutivo aragonés 527.317 euros por las cuotas del crédito impagadas por la sociedad deportiva.

Este lunes, el consejero de Presidencia, Roberto Bermúdez de Castro, a preguntas de los medios de comunicación, ha dicho que este lunes mismo se ha pedido un informe a los servicios jurídicos del gobierno y se ha determinado que, "en principio, no hay que pagar el aval entero", que supondría 5,1 millones de euros correspondientes a la parte del crédito con Ibercaja que le falta por pagar al Real Zaragoza y que la DGA avaló.

"Sigue el trámite normal", ha dicho el consejero, quien ha recordado que hasta ahora el Gobierno aragonés ha tenido que pagar 527.317 euros a requerimiento de las entidades financieras, por impago del Real Zaragoza, cantidad que, según fuentes del ejecutivo corresponde, a varios intereses y una amortización.

Cuando el actual gobierno llegó al Pignatelli, al Real Zaragoza le faltaban por pagar 5.111.111 euros de los ocho millones que el ejecutivo avaló, y esa es la cantidad a la que hay que ir haciendo frente siempre que la entidad deportiva no pague las cuotas.

Si no lo hace, la entidad financiera, puede solicitar la ejecución del aval al gobierno, que hace frente a las cuotas, según el consejero, con fondos de los incentivos regionales para la atracción de empresas, en tanto en cuanto el aval se suscribió con la Dirección General de Economía.

"El Gobierno de Aragón paga cuando el Real Zaragoza no paga, que es su obligación como avalista", ha precisado Bermúdez de Castro.

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