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Discrepancias entre el juez y la Policía sobre las detenciones de la Oikos
El magistrado Ángel de Pedro era partidario de avanzar más en las indagaciones, mientras que la UDEV actuó el pasado 28 de mayo ante el temor de que pudieran destruirse pruebas.
El diario ‘El Mundo’ revela en su edición de este martes diferencias entre el juez instructor de la Operación Oikos, Ángel de Pedro, y la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta de la Policía Nacional (UDEV), que habría realizado las detenciones del pasado 28 de mayo, entre ellas las del expresidente de la Sociedad Deportiva Huesca, Agustín Lasaosa, y del entonces responsable de los servicios médicos, Juan Carlos Galindo, sin un mandato judicial expreso del titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de la capital oscense.
Los agentes habrían actuado por indicación de sus superiores, un modo de proceder lícito pero que se encontró con la resistencia de De Pedro, quien según este rotativo era partidario de avanzar más en las indagaciones, mientras que la Policía temía que pudiera producirse una destrucción de pruebas, al tiempo que el criterio de los fiscales era reticente a prolongar el periodo de escuchas telefónicas. Juez y Policía se habrían cruzado mensajes en los que discreparon sobre la idoneidad de los arrestos.
A los detenidos que aceptaron declarar se les interrogó en comisaría, una circunstancia que tampoco habría satisfecho al juez. La investigación prosigue en busca de más pruebas patrimoniales, ya que el juez considera que las necesita para sostener todas las tesis de la investigación. “A ver si la policía me trae algo más”, ha llegado a comentar el instructor en presencia de las partes, según ‘El Mundo’.
La conversación entre Raúl Bravo y Borja Fernández en Valladolid se considera episodio clave, por el que el juez ha ordenado que se proceda al volcado del material informático incautado y al acceso, en la medida de lo posible, a los terminales encriptados incautados al primero. También se ha analizado el teléfono móvil de Agustín Lasaosa, además de los de Carlos Aranda e Íñigo López.
La Federación, personada en la causa, sigue con atención las investigaciones, puesto que, con independencia de las responsabilidades penales, es el organismo que tiene la competencia de sancionar en el ámbito deportivo. Asimismo, la Liga de Fútbol Profesional (LFP) ha formulado su “oposición” a la solicitud de archivo y sobreseimiento provisional de la causa para los investigados Samu Saiz y Carlos Martín Briones por considerarla “prematura”, según la agencia EFE.
El abogado de ambos jugadores, Juan Gonzalo Ospina, presentó el pasado jueves un comunicado en el que planteaba el archivo de las actuaciones contra sus defendidos por “falta de indicios incriminatorios sólidos", a los que se les imputó un presunto delito de corrupción entre particulares por el encuentro Sariñena-Cariñena disputado el 13 de abril de 2017.
Según destaca el auto presentado por LaLiga, alegan que se han presentado varias “providencias” con fechas del 10 y 15 de julio de 2019 en las que, por un lado, “se suspendían las declaraciones previstas para el 18 de julio de 2019, por estar pendiente el análisis de la prueba tecnológica obrante en las actuaciones”, y por otro, se acordaba la prórroga por un mes del secreto de la pieza separada número 12 de la presente causa.
