La autorización del Gobierno de Zaragoza al Real Zaragoza para que esta entidad ocupe de manera temporal y a precario dos plantas de la antigua Gerencia de Urbanismo en la plaza Eduardo Ibarra se realizó "con base a los informes administrativos y jurídicos exigibles", según consta en el informe de la Secretaria General del Ayuntamiento de Zaragoza.

La Secretaria ha realizado el informe tras la petición que se realizó en Sesión Plenaria de septiembre, tras las duras crítica vertidas por el Grupo Municipal del PP y de su concejal Pedro Navarro, quien llegó a hablar de "trato de favor", "de falta de informes técnicos y de ausencia del informe del interventor municipal" en la adopción de esta decisión.

Estas lamentables aseveraciones, que causaron "indignación, sorpresa y preocupación", quedan cuestionadas y en entredicho ante las conclusiones del informe de legalidad de la Secretaría General del Ayuntamiento de Zaragoza, ha informado el Consistorio en un comunicado.

El Informe de la Secretaria General analiza la adjudicación directa del espacio de la antigua Gerencia, que fue una de las razones criticadas por el PP, y señala que ya existe una concesión administrativa previa y principal, que es la del campo de fútbol de La Romareda, de manera que lo autorizado en septiembre por el Gobierno de la ciudad es "un uso complementario de la concesión principal.

Por tanto, estaríamos -prosigue el informe- ante una concesión de uso temporal y gratuita complementaria a la del campo" y esa circunstancia es una excepción prevista a la norma de concurrencia pública.

De la misma manera, el texto indica que la decisión de ceder el uso temporal de determinados espacios del edificio no dificulta la ejecución de un planeamiento posterior de la parcela sobre la que se asienta el edificio.

Finalmente, respecto a la discusión sobre si era preceptiva o no la emisión de un informe previo de la Intervención General, se adjunta un documento firmado por el interventor, con fecha 19 de octubre de 2011, en el que explica que no es necesario su informe ya que la cesión supone "un acto administrativo que no va dar lugar al reconocimiento o liquidación de derechos en favor del Ayuntamiento"; ya que sólo en los casos en los que hay gastos de contenido económico se hace necesaria la función interventora.

El informe de la Secretaria General concluye diciendo que el órgano competente para aprobar la concesión es el que la concedió, es decir, el Gobierno de Zaragoza, y que la autorización se hizo" sin ningún tipo de arbitrariedad".

De esta manera se demuestra que los excesos verbales del PP solo han tenido mala intención y la única finalidad de crear dudas sobre este proceso y sobre la acción del equipo de Gobierno. Una acción política, por tanto, amiga del ruido y de la difamación y bien alejada de lo que debiera ser el trabajo de una formación política que busca el bien de la institución y de los ciudadanos a los que representa.