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Comisión de Industria de las Cortes

Aliaga admite errores en la gestión de Motorland

El consejero ha reconocido que "no es de agrado" que les saquen "los colores", pero ha advertido que los errores no se cometieron por voluntad de quebrar las reglas jurídicas.

Aliaga
El consejero de Industria, Arturo Aliaga, durante su comparecencia en las Cortes

El consejero de Industria del Gobierno de Aragón y presidente del Consejo de Administración de la Ciudad del Motor, Arturo Aliaga, ha admitido que en la gestión de los contratos de esta sociedad se cometieron errores, porque era "difícil" de gestionar pero que ya se están corrigiendo. 

Aliaga ha aludido así a las 48 prescripciones que la Cámara de Cuentas impuso a los dos contratos que fiscalizó de este organismo y por los que CHA e IU cree que se derivan responsabilidades políticas, según se ha puesto de manifiesto en la Comisión de Industria de las Cortes de Aragón.

Sesión en la que Aliaga ha comparecido, a propuesta de Chunta Aragonesista, para informar sobre el resultado del "Informe de Fiscalización de la Cuenta General Comunidad Autónoma de Aragón-Ejercicio 2010", en relación con dicha empresa, elaborado por la Cámara de Cuentas de Aragón.

Aliaga ha reconocido que "no es de agrado" que les saquen "los colores" en la forma de gestionar pero ha advertido que los errores no se cometieron por voluntad de quebrar las reglas jurídicas o de contratación, un aspecto que han asumido todos los grupos políticos ya que de lo contrario este debate se hubiera producido en los tribunales.

El consejero ha justificado que no presentara a la Cámara de Cuentas los contratos del Mundial de Moto GP, de la Baja Aragón o de la Superbike porque al no tener concurrencia, ya que solo hay una empresa que los organice, pensaba que estaban sujetos a la Ley de Contratos de Servicios.

Aliaga ha justificado cada una de las prescripciones impuestas por la Cámara, entre ellos al proceso de contratación de Personal que, sin embargo, ha apuntado, "no ha recibido ni una demanda sindical" y además, en el caso del primer Moto GP en 2010 ha advertido que "era la primera vez que se organizaba un campeonato de ese nivel y para aprender perder".

El titular de Industria ha insistido en la dificultad que planteaba la gestión de la Ciudad del Motor en sus inicios, ha reconocido los errores que se han cometido porque se ha preferido el interés público y las posibilidades de desarrollo del Bajo Aragón y ha ofrecido a los grupos su disposición a sentarse y analizar las alegaciones de la Cámara de Cuentas "una a una".

Especialmente crítico con la gestión de Aliaga se ha mostrado el diputado de CHA Gregorio Briz, para quien los errores cometidos podrían dar a "pensar que había gato encerrado" y más cuando las deficiencias se han detectado sobre dos contratos "curiosamente" los de más pequeña cuantía ya que los de los grandes contratos no se entregaron.

Según Briz, con este informe se han puesto de manifiesto "irregularidades que no quedan claras" tanto en la elaboración de los pliegos como en la contratación de personal, entre otros, de los que se derivan responsabilidades políticas.

Para Luis Ángel Romero, de IU, la gestión de esta sociedad "no ha sido transparente" y es una de las que "más deficiencias, anomalías e irregularidades" ha presentado.

Romero ha denunciado deficiencias que "cada una de las fases" del procedimiento de los contratos y aunque podría compartir que se haya hecho sin dolo "cada uno de los informes públicos constatan numerosas anomalías" y "a lo mejor no todo el mundo lo ha hecho sin voluntad o dolo" y por opina que habría que reclamar responsabilidades.

El portavoz del PAR en la Comisión, Joaquín Peribáñez, ha rebatido las críticas de "chapuza" porque si se sabe que va a haber una inspección "es absurdo llevar a cabo una serie de actuaciones a sabiendas de que te van a pillar" aunque sí reconoce que hay que tratar de corregir aquellos textos que no estaban suficientemente acondicionados para las respectivas contrataciones.

El socialista Javier Velasco ha advertido que el 99% los contratos los elaboran unos técnicos que refrendan los servicios jurídicos y partidario de que estos procesos gocen de la máxima transparencia ha defendido que se exija a la empresa que se apoye con los servicios jurídico-técnicos suficientes para adaptarse a la normativa, "aunque sea más caro".

A María Teresa Arciniega, del PP, también le "consta que no ha habido mala fe, ni dolo ni malversación" pero sí que "la gestión pasada no ha sido lo mejor" y ha pedido de cara al futuro ser más cautos en los procedimientos que tenga que ver la Cámara de Cuentas

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