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Telefónica amenaza con acudir a los juzgados por la convocatoria de huelga

La compañía Telefónica Servicios Audiovisuales S.A podría presentar una demanda contra el comité de empresa para que sean los juzgados de lo social los que diriman la legalidad o ilegalidad de la huelga convocada por los trabajadores.

La compañía Telefónica Servicios Audiovisuales S.A podría presentar una demanda contra el comité de empresa para que sean los juzgados de lo social los que diriman la legalidad o ilegalidad de la huelga convocada por los trabajadores.

Mañana se celebrará el acto de conciliación previo entre la empresa encargada del mantenimiento y la operación técnica de la radiotelevisión autonómica de Aragón y los trabajadores como paso previo a la vía judicial, informan fuentes de la Agrupación General de Periodistas AGP de UGT-Aragón.

El sindicato denuncia que TSJA impuso servicios mínimos "de manera unilateral" y "de forma ilegal", en la jornada de paros parciales del pasado 28 de abril que comprometieron las emisiones tanto de la radio como de la televisión, "sin que existiera decreto de servicios mínimos dictados por la autoridad competente".

Gracias a la mediación de UGT, la Inspección de Trabajo de Zaragoza obligó a la empresa a retirar los servicios mínimos pocos minutos antes de empezar la huelga pero sustituyó a trabajadores en huelga para garantizar las emisiones desde la localidad de La Muela del partido de fútbol de la Liga de Campeones entre el F.C. Barcelona y en F.C. Internazionale, denuncia el sindicato.

La Agrupación de Periodistas advierte de que todos éstos hechos se denunciarán ante la Autoridad Laboral y, de confirmarse, supondrán el levantamiento de una acta de infracción de carácter muy grave que podría acarrear un elevado importe económico en concepto de multa.

Mientras, consideran que la demanda de TSA contra el comité de empresa es "un paso más en el indigno proceder de esta empresa" y "algo inadmisible que debería tener una respuesta contundente".

El sindicato estima que con esta postura, la empresa pretende "amedrentar" a los trabajadores, provocarles dudas con respecto a sus legítimos representantes e impedir que en un futuro inmediato sigan movilizándose, "por lo que se produce una irregular utilización de la Justicia, con la interposición de una demanda que será inviable en los juzgados de lo social".

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