"Reducir los costes" y "buscar una gestión mejor y más eficiente". Con esta argumentación y con el calendario electoral y la precampaña autonómica claramente presentes, el PP registró ayer en el Congreso de los Diputados una iniciativa para que todos los gobiernos autonómicos puedan, si así lo consideran, privatizar sus respectivas televisiones autonómicas. En el caso de Aragón, el PP que preside Luisa Fernanda Rudi no ha definido aún su posición, para lo que esperará previsiblemente hasta el programa electoral. Aunque Rudi se ha manifestado reiteradamente a favor de reducir el impacto que tiene la televisión autonómica en los presupuestos de la DGA, hay un amplio número de posibilidades para conseguir ese objetivo y no todas pasan por la privatización.

La encargada de registrar la iniciativa fue la portavoz popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría. Según indicó, buscan "dar libertad a las Comunidades Autónomas sobre la gestión, directa o indirecta, del servicio público de la televisión con el fin de optimizar su gestión". En concreto, se trata de una iniciativa para modificar la ley general de Comunicación Audiovisual, incluyendo la posibilidad de que empresas privadas gestionen los canales hasta ahora públicos.

La iniciativa del PP, que tiene complicado salir aprobada ya que necesitaría el apoyo de los nacionalistas, llega tras las quejas de sus presidentes autonómicos, especialmente la madrileña Esperanza Aguirre. En su caso, cada vez que le preguntaban por todo el dinero que destina a Telemadrid, respondía que si no la privatizaba y dejaba de ser un coste para los ciudadanos es porque la ley estatal no le dejaba. La candidata a la Presidencia de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, también ha anunciado que, si puede, privatizará la tele autonómica de su Comunidad por su alto coste.

En el caso de Aragón, hay ya un modelo mixto, pero que no llega aún a lo que plantea el PP. Las televisiones de primera generación (Telemadrid, TV3) son de gestión complemente pública. En el caso de Aragón Televisión, también depende de los presupuestos autonómicos y sus responsables son igualmente designados por el Parlamento autonómico. Sin embargo, parte de sus actividades están ya gestionadas por entidades privadas y el gasto generado, aunque a tener en cuenta por su volumen, es considerablemente menor que otras autonómicas. La nueva propuesta, en caso de que se llegase a aprobar, lo que permitiría es privatizar toda la gestión, a cambio eso sí de que ya no se financiaría de los presupuestos de la DGA.

Debate en las Cortes

Si la posición del PP aragonés está a la espera del programa electoral, desde el PSOE resaltaron ayer que en ningún caso se han manifestado a favor de cambiar el actual modelo. En cualquier caso, la candidata socialista a la Presidencia de la DGA, Eva Almunia, comparecerá precisamente el viernes en las Cortes de Aragón para hablar sobre los medios de comunicación públicos de la DGA. Almunia, que acude como consejera de Presidencia (y por tanto responsable política de la Corporación de Radio Televisión Aragonesa), acudirá a dar explicaciones a instancias del PP.

La respuesta oficial del PSOE llegó a través de su diputado nacional Óscar López. "No es de extrañar que el PP plantee privatizar servicios públicos, está en su código genético", manifestó el portavoz socialista. Además, afirmó que "el futuro de las televisiones públicas autonómicas no está en la privatización, sino en las reformas y en la buena gestión, como ha ocurrido con TVE".

Sobre esto último no opinó la mismo la popular Sáenz de Santamaría, que denunció el "incremento desorbitado" que ha habido en el dinero público que recibe la tele estatal.