La AEDE considera inaceptable que la CEOE pretenda negar a los editores de diarios el derecho de propiedad intelectual sobre las noticias que sus periódicos difunden por internet. La patronal ha cargado contra las empresas de prensa a las que no considera amparadas por la libertad de expresión del artículo 20 de la Constitución, prerrogativa que sí concede a los agregadores de contenidos.

La CEOE defiende a los agregadores de contenidos porque asegura que así defiende a empresas innovadoras y emergentes. En realidad, mantener el actual statu quo beneficiaría a Google, empresa que ejerce una amenazante posición de dominio en el mercado de internet y que en España emplea a poco más de un centenar de personas y suele abonar en nuestro país menos impuestos que la mayoría de pymes.

Con una sonrojante incongruencia empresarial, la CEOE se pone del lado de quienes se aprovechan del esfuerzo ajeno y en contra de los emprendedores que producen los contenidos, crean empleo, cotizan, pagan impuestos en España y han sido protagonistas de buena parte del desarrollo real de la sociedad de la información.

Asimismo, AEDE quiere aclarar mediante este comunicado algunos hechos:

Los diarios españoles facturaron en 2013 cerca de 2.000 millones de euros y dieron empleo a más de ocho mil profesionales. Así que, por mucho que sorprenda a la patronal, las empresas innovadoras españolas, el empleo y la creación de riqueza están del lado de los editores de diarios. Google controla el 98% de las búsquedas de Internet. Así, posee la mayor posición de dominio en cualquier mercado en la historia reciente. Por lo tanto, debe ser objeto de preocupación y vigilancia. Más aún si se tiene en cuenta que ha sido denunciado ante la Comisión Europea por abusar de esa posición de dominio y que la Comisaría de Competencia ha rechazado por dos veces las alegaciones de subsanación por parte de Google. Es muy importante señalar que los editores no tienen reclamación alguna sobre la actividad desarrollada por los motores de búsqueda sino sobre la de los agregadores. En este sentido, Google, a través de su marca Google News, se erige como un verdadero supraeditor. Selecciona noticias obtenidas y elaboradas principalmente por los editores, las ordena y las jerarquiza con criterios desconocidos, tanto por parte de los creadores de los contenidos como por parte de los lectores. Google argumenta que la labor de Google News se realiza en beneficio de los editores ya que proporcionan tráfico a sus páginas web. Es interesante señalar que esos editores supuestamente “beneficiados” están planteando en toda Europa la batalla por la defensa de sus derechos a la hora de decidir quién, dónde y por cuánto utiliza sus contenidos. Google argumenta que no explota publicitariamente Google News al no contener posiciones de publicidad. No son las posiciones de publicidad sino los datos de navegación de los usuarios y la asociación con sus intereses, lo que le permite ofrecer en sus restantes servicios publicidad perfectamente segmentada. Esto procura al anunciante una altísima eficacia y con ello incrementa el precio de venta. El editor, que ha sido quien ha creado el contenido, no recibe, en cambio, las cookies de navegación de los usuarios, sólo un tráfico vacío de información que no puede comercializar con la misma efectividad que Google. Todo ello alimenta y fortalece su posición de dominio. Al contrario de lo que argumenta Google, los editores no son libres de decidir si indexan o no sus contenidos en Google News, opción que Google define como optout. La realidad es que esa opción resulta inviable para cada uno de los editores de forma aislada. El mismo dominio de Google como buscador global haría que, si un editor decide no indexar sus contenidos en Google News, pondría en peligro la aparición de sus noticias en el buscador de Google, lo que es, prácticamente, decir adiós a internet. Por este motivo es importante la irrenunciabilidad al derecho de compensación, ya que, sólo así se garantizará que Google respeta el sistema.

En suma, al margen del inconsecuente e irreflexivo ataque de la CEOE contra una industria clave para la calidad de nuestra democracia como es la de los medios de comunicación, el reconocimiento de los derechos que amparan a los editores sobre los contenidos que elaboran sus medios resulta hoy esencial.