Unos bloques de hormigón lanzados al mar por el gobierno de Gibraltar han desencadenado una crisis diplomática pero también un importante perjuicio económico para miles de familias que viven en el Campo de Gibraltar de la pesca y del comercio. 

Desde que se han intensificado los controles en la frontera, son necesarias más de tres horas para pasar a uno u otro lado. Hacia Gibraltar los agentes buscan tráfico de divisas. De entrada a España, sobre todo contrabando de tabaco. Es fácil encontrar vehículos forrados literalmente con cientos de cartones. Un Jaguar con matrícula del Reino Unido los lleva escondidos incluso en la rueda de repuesto. Los linenses intentan pasarlos en cantidades máximas de cuatro cajetillas. Si les sorprenden con más se exponen a multas de mil euros. Hay quien acumula hasta cuatro y tiene sus cuentas embargadas. En estos últimos días el contrabando se ha hecho mucho más complicado.

Con los controles exhaustivos también ha descendido el número de gibraltareños que entra a España para hacer sus compras de alimentos, una práctica habitual pues el coste es muy inferior y además les devuelven el IVA. En el mercado de la Línea llevan semanas sin ver a estos clientes. Sus ventas, aseguran, han bajado un 50 %. Más aún han caído las capturas de los pescadores que ya no pueden faenar en la zona de la bahía sembrada de bloques de hormigón. Apenas capturan pescado por importe de 60 o 70 euros diarios. La lonja está vacía.

En Gibraltar viven apenas 30.000 personas en unos siete kilómetros cuadrados. Hay constituidas más empresas que habitantes, lo que para muchos le da un estatus de "paraíso fiscal". Abundan los "llanitos" que tienen en España una segunda residencia, incluso el domicilio estable, ya que allí los pisos tienen precios prohibitivos.