Las escenas de pornografía, de maltrato, de violencia de género y las de violencia "gratuita" en las televisiones van a estar expresamente prohibidas en la ley general de Comunicación audiovisual.

El pleno del Senado ha incorporado este miércoles en ese sentido una enmienda, firmada por todos los grupos de la cámara alta, para incorporar esa prohibición expresa en el proyecto de ley de modificación de la ley de comunicación audiovisual, un texto remitido por el Gobierno que pretende, entre otros asuntos, flexibilizar la gestión de las televisiones autonómicas.

Todos los grupos han pactado incorporar a ese texto legislativo la prohibición de emitir contenidos que puedan perjudicar el desarrollo físico, mental o moral de los menores, que estarán reservados a la franja horaria comprendida entre las 22.00 y las 06.00 horas y deberán ir en todos los casos precedidos de un aviso acústico y visual.

La medida ha sido aprobada por asentimiento por la totalidad de los grupos.

El resto del proyecto de ley ha salido adelante con los 157 votos a favor de 248 senadores presentes, 86 en contra y cinco abstenciones. Se han rechazado por mayoría 87 enmiendas y tres vetos.

Pasado el trámite del Senado, los cambios introducidos obligan a llevar el texto legislativo al Congreso para su aprobación definitiva."Liberalización del sector"

En su intervención en el debate para defender la medida por parte del PP, el senador Alejandro Muñoz Alonso ha indicado que con la medida su partido apuesta por la "liberalización del sector audiovisual" y ayuda a "liberarnos de pesadas herencias y ayuda a las televisiones autonómicas a liberarse del corsé en el que estaban".

"Es una norma que deja en manos de cada comunidad que haga lo que crea conveniente con las cadenas autonómicas. Las da libertad plena (...) con el despilfarro actual en esas cadenas y su costo no se puede seguir. Era insostenible", ha subrayado Muñoz Alonso.

A su vez, ha indicado que la medida contribuye a la modernización de las cadenas; que con ella se permite que las comunidades tomen sus propias decisiones y que la ley vigente del "tercer canal" era una "antigualla".

Además ha negado las acusaciones de que haya "algo oculto" detrás de la medida, tal y como ha asegurado el senador socialista Andrés Gil: "no vea fantasmas donde no los hay", le ha contestado Muñoz Alonso.

Con el proyecto de ley se presenta un "paisaje audiovisual más variado y menos monocorde" y "no se invaden las competencias de las comunidades", como aseguró Gil.

La senadora popular Carmen Azuara ha insistido en que "no obliga" a las televisiones a privatizar y lo único que hace "es otorgar competencias a las cadenas para que hagan lo que crean más conveniente. Aumenta la libertad de elección y no impone nada".Saneamiento de las autonómicas

Por parte del PSOE, en su intervención Gil ha advertido que su partido se muestra a favor del saneamiento de las autonómicas, así como a la racionalización de los modelos, pero, ha advertido, este proyecto de ley "tiene un motivo oculto".

Entre estos "motivos ocultos" considera que está el de que la reforma de las televisiones autonómicas supongan una plataforma de difusión "para los medios afines".

Además considera que la ley "cruza algunas líneas rojas", "excede el ámbito de las competencias del Estado" además de ser "innecesaria desde el punto de vista normativo e inoportuna desde el punto de vista político".

El senador socialista José Antonio Manchado, también ha defendido que la medida va en contra del pluralismo y ha opinado que el PP "en nombre de la crisis, recorta".

A su vez el presidente y portavoz de Entesa, José Montilla, ha señalado que la crisis "es argumento para todas las reformas y la excusa para las contrarreformas de calado ideológico".

También ha considerado que el objeto del proyecto es "romper el modelo público que ha garantizado hasta ahora el pluralismo ideológico".

Por parte de CiU Ramón Alturo ha declarado su "decepción" por el hecho de que el PP "haya aplicado el rodillo y no haya negociado las 87 enmiendas presentadas".

Por último, la senadora de UPN, Amelia Salanueva, ha apoyado el proyecto de ley y ha situado en más de 3.520 millones de euros la deuda acumulada desde 2006 por las autonómicas.