La orden de expulsión contra Luis Mangrané, esgrimida por el gobierno marroquí a pie del avión que nos iba a trasladar a El Aaiún, me ha impedido visitar los territorios saharauis ocupados por Marruecos desde hace 40 años.

Aunque estuvimos más de cuatro horas de tránsito en el aeropuerto de Casablanca, las autoridades policiales obligaron a Luis Mangrané a descender del avión cuando estaba a punto de despegar con hora y media de retraso hacia El Aaiún, capital del Sahara.

Luis Mangrané iba a ser mi guía durante 12 días en los territorios ocupados ya que tenía todos los contactos en la zona después de siete años de trabajar como observador para diferentes organismos en la supervisión de los juicios contra los activistas saharauis.

Decidí bajar del avión a pesar de que la policía me aseguró que no había orden de expulsión contra mí porque consideré que mi estancia iba a resultar inútil e, incluso, me arriesgaba a que me impidiesen la entrada en El Aaiún nada más desembarcar.

La obsesión por impedir el trabajo de los periodistas es permanente, una flagrante violación del derecho a la información más lógico en un país dictatorial que en un país como Marruecos con quien España y la Comunidad Europea mantiene privilegiadas relaciones diplomáticas, políticas y económicas.

El gobierno marroquí sabe que es más sencillo expulsar a un abogado comprometido con su trabajo que a un periodista, pero es evidente que no quieren periodistas o abogados independientes que puedan monitorizar la situación que sufren los saharauis en las zonas ocupadas.

En los últimos cinco años decenas de periodistas, abogados, políticos y observadores han sido expulsados de Marruecos cuando se encontraban en el Sahara o cubriendo juicios contra saharauis en ciudades como Casablanca o Rabat.

Se han producido serios incidentes como los de noviembre de 2010 cuando varios periodistas españoles fueron insultados y golpeados, entre ellos enviados especiales de TVE, Cadena Ser y ABC durante un juicio contra siete inculpados saharauis.

La agresión se produjo 48 horas después de que el ministro de Exteriores de Marruecos, Taieb Fassi-Fihri, acusará a la prensa de “desinformar” sobre los temas relacionados con el conflicto saharaui.

El silencio de los gobiernos del PP y PSOE incrementa el aislamiento del Sahara ocupado y la represión contra sus ciudadanos tal como se recoge en los informes de organizaciones humanitarias internacionales que recogen las continuas y graves violaciones de los derechos humanos contra la población civil.

Al mismo tiempo, las autoridades marroquíes son agasajadas y condecoradas en España como ocurrió la semana pasada con Mohamed Hassad, el ministro del Interior responsable de expulsiones como la del abogado Luis Mangrané.

Informar en el Sáhara ocupado se está convirtiendo en una misión imposible. Algunos periodistas lo han conseguido trabajando en la clandestinidad, asumiendo riesgos de ser detenidos en cualquier momento o poniendo en peligro a sus fuentes de información.

LOS INVISIBLES Y LOS TESTIGOS INCÓMODOS

Luis-Alejandro Mangrané Cuevas

Abogado y miembro del Observatorio Aragonés para el Sahara Occidental

“¿Qué tal te encuentras? La gente estaba esperando a conocer a ese periodista” La frustración de un activista saharaui se transmite al otro lado del teléfono cuando le confirmo que me expulsan de Marruecos y no me dejan volar desde el aeropuerto de Casablanca hasta El Aaiún, capital del Sahara Occidental. He sido objeto de una restricción ilegítima a mi derecho a circular libremente (artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos). Antes de que me comunicaran la decisión verbal no había pasado ningún control fronterizo porque para Marruecos el Sahara es parte de su territorio y el acceso oficial ante las autoridades marroquíes iba a tener lugar en El Aaiún. Una jurisdicción que ningún estado del mundo le reconoce después de casi 40 años de ocupación. Sin embargo, las verdaderas víctimas han sido los saharauis quienes han visto como al frustrarse el viaje que realizaba con el foto-periodista Gervasio Sánchez no podrán contarle lo que sucede a diario en el territorio. Se les ha privado de su derecho de reunión y libertad de expresión. Marruecos vende el cuento de los avances en derechos humanos y España se lo compra. Son muchos los españoles que han sido expulsados. Este verano unos jóvenes vascos y en febrero unos canarios. La respuesta del nuestro gobierno sobre la expulsión de los canarios fue que “España ve con satisfacción los avances realizados por Marruecos en materia de respeto de los derechos humanos en el Sahara Occidental, …, las situaciones que afectan a los españoles que visitan el territorio del Sahara Occidental son seguidas por nuestras representaciones consulares y diplomáticas, al objeto de prestar la debida atención.” Con tanta satisfacción que acaba de conceder la Gran la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a Mohamed Hassad, Ministro de Interior marroquí a propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, así que hay pocas esperanzas de que se formule ninguna queja diplomática. Una tradición española la de condecorar a los victimarios: Zapatero impuso la Gran Cruz de Isabel la Católica al general Hosni Benslimane, jefe de la Gendarmería marroquí y reclamado por Francia por el secuestro y asesinato en París de Ben Barka, opositor al rey Hassan II, y este año el Ministerio del Interior ha condecorado al jefe de la Policía antiterrorista, Abdelatif Hamouchi, acusado de torturas. La principal perjudicada de la expulsión es la hospitalidad saharaui: los saharauis son agredidos en la calle por expresar pacíficamente sus opiniones a favor de la libre autodeterminación y ni tan siquiera se les permite recibir invitados en sus casas para trasladar al exterior la situación real que se vive como consecuencia de la ocupación. Marruecos es culpable del más alto crimen en materia de derecho internacional: la agresión. La Resolución 34/37 (1979) de Naciones Unidas condenó y calificó de deplorable la invasión total del territorio que desarrollaba Marruecos en ese momento, acusándole de agravar la situación y, por lo tanto, de ser culpable del conflicto. La Resolución 3314 (XXIX) dedicada a la definición de la agresión la conceptualiza como “…la invasión o el ataque por las fuerzas armadas de un Estado del territorio de otro Estado o toda ocupación militar, aun temporal, que resulte de dicha invasión o ataque…”. Para el majzen el tema del Sahara Occidental es una línea roja de su política y la Comunidad internacional tolera y fomenta su accionar al respecto. Por un lado, con indiferencia, casi nadie recuerda estos días a los 150.000 saharauis refugiados que permanecen en los campamentos de Tinduf (Argelia) y que si pudiesen llegar a España podrían acceder a ese estatuto que reclaman los sirios. Una línea roja trazada gracias a la financiación de la Unión Europea que promueve acuerdos comerciales que permiten el despojo de los recursos naturales del pueblo saharaui y dota de fondos al Reino de Marruecos con el que comprar unas armas, entre otros, a España y que luego serán utilizadas contra ciudadanos saharauis para que este orden  de cosas no se altere. Todos los Gobiernos españoles desde la dictadura hasta hoy han fomentado esta situación y los partidos que los sostienen han pasado de rasgarse las vestiduras por el pueblo saharaui, cuando están en la oposición, a convertirse en defensores de Marruecos e incumplidores de las responsabilidades jurídicas de España como potencia administradora del territorio, cuando acceden a las instituciones. Este verano el conflicto de los refugiados de Siria nos ha recordado que el poder de una imagen puede cambiar algo una situación injusta. Esta es la razón de que se impidiera el viaje a las zonas ocupadas: dificultar el trabajo de un foto-periodista independiente y los intentos de romper el bloqueo informativo de un conflicto, a pesar del interés que despierta el conflicto en miles de españoles que se resisten a romper los lazos y vínculos que nos unen con el pueblo saharaui.