No entiendo el revuelo generado por la famosa 'ley Sinde', que hoy, parece, va a aprobar el Congreso. Cualquiera que tenga unos mínimos conocimientos de Internet sabe perfectamente cómo hollar el espacio cibernético en busca de  discos, libros, películas, programas, juegos…

Esta ley que, por cierto, y por mucho que protesten internautas y asociaciones varias, no tiene nada que ver con la libertad de expresión –¿o poner un enlace para cometer un delito es libertad de expresión?- y sí con la defensa legítima de los creadores, es tan inocua e inofensiva, tan pequeña ante el montón de agujeros de Internet, que no va impedir nada de esto. No  sé pues a qué viene tanto ruido. Más bien debieran estar frotándose las manos los 'piratas' porque, caso de aprobarse la ley, los van a dejar en paz y van a poder seguir a lo suyo con más libertad y 'legalidad' que nunca.

En esencia, vamos, exclusivamente, el fundamento de la ley es cerrar aquellas webs ubicadas en España que incluyan enlaces a material protegido por la propiedad intelectual. Perfecto. Pero, ¿se han dado cuenta los legisladores de algo que es tan simple y de cajón como que una web puede alojarse en cualquier país del mundo? ¿Podrá cerrar la justicia española una web ubicada, pongamos por caso, en Perú, Hong Kong o Nigeria, lugares donde, como ahora mismo he podido comprobar, existen decenas de servidores que ofrecen alojamiento (hosting) a precios tirados? Imagino que no, porque será inmiscuirse en la jurisprudencia de otro país. Con lo cual, basta con 'migrar' las páginas existentes a uno de esos servidores y se acabó el delito, o cuando menos la persecución. De hecho, algunas de esas conocidas páginas, al parecer, ya han creado sus correspondientes 'mirrors' en servidores de fuera, así que, como canta el refrán castizo, que les echen un galgo (o una 'liebre eléctrica', que diría Bono).

Otra cosa es que la ley, como ocurre en Francia o Inglaterra, persiguiera al 'pirata' directamente, o sea, a aquel que se baje un archivo protegido; para lo cual, el juez deberá contar con la colaboración de las operadoras, cosa que está por ver, porque supondría un ataque a su cartera de negocio y porque seguramente se atacaría también al derecho de privacidad. Pero, por ahora, en España, el usuario estará exento de persecución.

Internet es un campo abierto, un campo con miles de puertas imposibles de cerrar. La 'ley Sinde' se ha centrado exclusivamente en el cierre de webs de enlaces, que es como matar moscas a cañonazos. Más cuando deja fuera muchos otras vías de penetración para conseguir el mismo fin delictivo. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las FTPs, con el tráfico de los grupos de noticias, con los enlaces de miles y miles de blogs conectados a las decenas y decenas de servidores de almacenamiento, Rapidshare y Megaupload, principalmente? Por no decir la cantidad de programas que enlazan directamente ordenadores personales, caso del conocido Direct Connect.

Y sin ir más lejos, los P2P. ¿Acaso desconocen los legisladores que estos programas poseen potentes buscadores que permiten la descarga sin problema alguno? Me da la sensación, desde el poco conocimiento informático que uno posee, que quienes han proyectado esta ley no tienen ni repajolera idea de lo que se cuece en Internet, de sus inmensos recovecos para esquivar tantas puertas como se cierren. La 'ley Sinde' es pues, desde su mismo nacimiento, puro papel mojado. No servirá para nada. Creo.