Ayacucho (Perú)

En un sencillo inmueble de tres pisos de Ayacucho, alejado del centro histórico, se encuentra la sede de la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos de Perú (ANFASEP), formada en 1983 por un puñado de madres que buscaban a sus hijos detenidos en los cuarteles militares.

Su tercer piso aloja el Museo de la Memoria, tres salas expositivas que resumen los capítulos más escabrosos de dos décadas de terror y violencia en la región a  partir de testimonios, fotografías y crónicas periodísticas.

En una de las salitas hay una instalación artística de dos metros cuadrados que imita una celda de tortura y también hay una reproducción exacta de una fosa común como las que se encontraron en el interior del cuartel Los Cabitos. La protagonista es una mujer anónima de edad media que fue encontrada con las manos atadas a la espalda. La sala de la nostalgia recoge una parte de los 500 objetos personales y los centenares de fotografías y documentos de los desaparecidos donados por sus familiares.

Varios murales fueron pintados hace unos años en las fachadas del edificio. Uno de ellos reconstruye capítulos de la cruel guerra especialmente relacionados con las miles de violaciones de los derechos humanos. Un grupo de madres avanzan detrás de una banderola y una cruz al grito de “Vivos se los llevaron, vivos los queremos” y “No a la impunidad”.  Otro mural recrea la vida en el comedor “Adolfo Pérez Esquivel” creado en 1985 para hijos de desaparecidos. Los familiares, encabezados por las madres y esposas de los desaparecidos, decidieron crear este digno museo “para que no se repita” la historia violenta del país.

Perú tiene un triste record: es el único país en el mundo que registró sin interrupción denuncias de desapariciones de ciudadanos entre 1983 y 1996. El número de víctimas, cuyos restos no han sido encontrados, varían entre 7.000 y 15.000 que se encuentran diseminados en 4.600 fosas clandestinas. Más de la mitad de las desapariciones se produjeron en el departamento de Ayacucho durante tres gobiernos elegidos democráticamente.

Los presidentes Fernando Belaúnde, Alan García y Alberto Fujimori no impulsaron jamás investigaciones serias que ayudasen a encontrar los restos de los desaparecidos y procesasen a los culpables.

Belaúnde fue un hombre muy respetado hasta su muerte a pesar de las atrocidades cometidas durante su gobierno. Según la Comisión de Derechos Humanos, el 47% de los desaparecidos se produjeron durante su mandato entre 1980 y 1985.

Su sustituto Alan García tuvo que huir del país al acabar su periplo (1985-1990) acusado de corrupción. Durante su exilio dorado en París ninguna institución estatal le persiguió por las gravísimas violaciones de los derechos humanos ocurridas durante su gobierno. Su gobierno es responsable del 27% de las desapariciones. Hoy es, de nuevo, el presidente de Perú.

Alberto Fujimori violó la constitución y promovió un autogolpe con ayuda de los militares. Aunque es el único ex presidente encarcelado, muchos ciudadanos lo recuerdan como el responsable de la captura de la cúpula de Sendero Luminoso, incluido su líder Abimael Gúzman. Los miles de desaparecidos de sus dos primeros años de gobierno entre 1990 y 1992 se consideran un mal necesario. Durante su gobierno se dictó una vergonzosa Ley de Amnistía que bloquea la lucha contra la impunidad.

La Comisión de la Verdad y Reconciliación obtuvo casi 17.000 testimonios en año y medio de trabajo. Pudo documentar y reconstruir los hechos en 11.500 casos de violaciones de derechos humanos en los que hubo 24.000 personas fallecidas o desaparecidas. Consciente de que no habían podido completar el trabajo por falta de tiempo, hicieron una estimación y ampliaron el número de víctimas entre 1980 y 1996 hasta los 70.000. Se considera el periodo más violento de Perú desde su independencia hace dos siglos.

Sendero Luminoso fue responsable de casi el 54% de los casos de muerte y desaparición y del 23% de los casos de tortura. El Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, el segundo grupo guerrillero, estuvo implicado en el 1,8% de los abusos denunciados.

Las Fuerzas Armadas y los servicios policiales son responsables de más de 7.300 ejecuciones extrajudiciales y de 7.000 casos de desaparición forzosa. El 75% de los casos de tortura fueron obra de soldados y policías igual que el 83% de los casos de violencia sexual contra mujeres y niñas.

Entre 1983 y 2000 se realizaron 34.000 detenciones preventivas. La mitad de los detenidos  tuvieron que ser liberados por falta de pruebas. Algunas organizaciones de derechos humanos afirman que nueve de cada diez presuntos senderistas eran inocentes.

Durante los últimos años las instituciones peruanas no se han preocupado por buscar a los desaparecidos. Muchos de las víctimas encontradas en las escasas fosas exhumadas no han podido ser identificados y entregados a sus familiares por falta de respaldo económico.

En los últimos meses se ha hablado mucho sobre la construcción de un Museo, Espacio o Lugar para la Memoria en Lima. Una comisión presidida por el escritor Mario Vargas Llosa convocó un concurso en cuya resolución han participado arquitectos internacionales de gran prestigio como Rafael Moneo.

Lo lógico es que este Museo estuviese, como ocurre en otros países, en el corazón del drama, bien en Ayacucho o en algunos de los departamentos vecinos golpeados por la violencia. Quizá en Cuzco para evitar que ningún turista se vaya sin conocer la verdadera historia oculta de Perú.

Pero se ha elegido un espacio de 3.379 metros cuadrados donado por la municipalidad de Miraflores, el barrio alto de la capital. Los arquitectos elegidos, una pareja peruna que ha realizado proyectos de arte público en Francia, quieren que este Lugar de Memoria dé cobijo a la dignidad humana. Sin duda una actitud muy bondadosa.

Pero este nuevo museo estará tan lejos del lugar del conflicto como estuvieron los habitantes de estos barrios exclusivistas durante los años duros de la violencia. Los familiares de las víctimas (80% pertenecían a los sectores rurales y más de la mitad eran agricultores analfabetos) jamás podrán visitarlo a no ser que sean acarreados, una práctica habitual realizada por los políticos peruanos en tiempos electorales. Puede que acabe convirtiéndose en uno de tantos museos para pitucos (los acaudalados pijos limeños) que hay en Lima.

Comenzará a construirse en tres meses con financiación alemana. Ojalá no lo acaben a tiempo para que el presidente Alan García lo inaugure. Porque estaríamos ante un capítulo más de la historia de la infamia peruana.

Jamás los generales Pinochet, Videla o Rios Montt se hubieran atrevido a inaugurar un museo sobre sus víctimas en Chile, Argentina o Guatemala. Pero los crímenes de las democracias son más cómodos de digerir y los responsables pueden despreciar y pisotear la justicia con más facilidad.