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EL DESPRECIO A LAS VICTIMAS

Gervasio Sánchez 16/04/2010 a las 06:23
B-010

Ayacucho (Perú)

  Sorprende que Perú sea el país que menos ha avanzado en América Latina junto a El Salvador en la búsqueda de la justicia y la sanción de los responsables de las miles de muertos que se produjeron en dos décadas de violencia entre una guerrilla cruel conocida como Sendero Luminoso y las fuerzas de seguridad. Sorprende porque los desmanes bélicos se produjeron durante gobiernos democráticos. O quizá sea esta la razón que explica el desinterés generalizado de los tribunales y de los políticos.

  Es cierto que los jefes de Sendero están encarcelados desde 1992 y que un ex presidente, Alberto Fujimori, ha sido juzgado y condenado por crear unidades paramilitares y permitir hechos violentos durante su gobierno. Es cierto que la Comisión de la Verdad y Reconciliación presentó en 2003 un informe demoledor para el Estado peruano al hacerle responsable del 37% de las 70.000 víctimas que produjo el denominado conflicto armado interno.

  Pero también es cierto que los generales que ordenaron matar sin complejos a sus soldados están tranquilamente en sus casas cuidando de sus nietos y que algunos jóvenes tenientes y capitanes que dirigieron las torturas en las bases militares y consintieron las violaciones de mujeres durante los años de fuego son hoy generales intocables.

 

  Sino se hubiese producido el fraude a la justicia, Alan García no sería el actual presidente de Perú y quizá se hubiese tenido que enfrentar a los tribunales porque los cinco años que gobernó desde 1985 a 1990 forman parte del periodo más violento de la historia del país. Ni tampoco el ex presidente Fernando Belaunde, que dirigió el país entre 1980 y 1985, hubiese sido despedido del mundo de los vivos con un funeral de Estado teniendo en cuenta que su gobierno tiene el record de desaparecidos.

  Siento una extraña sensación en Ayacucho, el rincón de los muertos en quechua. Me agrada ver cuanto ha cambiado una ciudad que conocí a finales de los ochenta paralizada por el miedo y en plena temporada en el infierno. Me emociona pasear por calles iluminadas y repletas de ciudadanos al anochecer. Donde había oscuridad y resignación hoy hay jolgorio y despreocupación. Pero, al mismo tiempo, pienso en lo fácil que es extirpar un pasado violento de la memoria de un pueblo, muy especialmente cuando las víctimas pertenecen a los sectores más endebles.

  Leo en una publicación lo siguiente: “Que el conflicto afectara fundamentalmente a los más pobres del país revela su feroz carácter racista y clasista tanto como la profunda indiferencia y desprecio de las élites del país por lo que sucedía aquellos años”.

  Es cierto. Yo mismo sentí en múltiples ocasiones esta actitud despreciativa por el sufrimiento ajeno. No puedo olvidar cómo me sentía cuando regresaba a Lima de Ayacucho u otras zonas violentas e intentaba explicar lo que había visto a personas que conocía. “Es una guerra de indios”, me contestaban a menudo. Un día me enojé tanto que se me fue la lengua: “Comenzaran a tomarse la guerra en serio cuando las bombas exploten delante de sus casas”. Aunque funcionó como predicción porque al principio de los noventa los coches bombas ya estallaban en el barrio de Miraflores, donde viven los “pitucos”, tal como se conoce a los pijos adinerados limeños.

   El conflicto peruano es posterior a las violentas dictaduras uruguaya, chilena y argentina. El próximo 17 de mayo hará treinta años que un grupo de encapuchados irrumpieron en el local donde se guardaban las ánforas y los padrones en Chuschi, una aldea a 120 kilómetros de Ayacucho, y quemaron varias de ellas en un intento de boicotear las primeras elecciones democráticas después de doce años de gobiernos militares.

  Fue la primera acción pública violenta de un hermético grupo armado maoísta llamado Partido Comunista del Perú, rebautizado muy pronto como Sendero Luminoso. Los primeros atentados perseguían objetivos económicos: sus activistas volaron puentes, vías férreas y torres de alta tensión. En 1980 y 1981, sus dos primeros años de lucha, apenas hubo siete muertos. A finales de 1982 el número de víctimas no superaba los 200.

  Su acción más espectacular fue el asalto de la cárcel de Ayacucho y la liberación de 304 presos de los que 78 eran senderistas. Hubo 16 muertos, incluidos tres senderistas que convalecían en el hospital y que la policía mató a bocajarro en un acto de venganza.

  El presidente Belaúnde consideraba que eran terroristas venidos de fuera que utilizaban ideologías extrañas. Pero el funeral de la joven Edith Lagos, de 19 años y clase media, considerada la “primera mártir” senderista y posiblemente víctima de una ejecución extrajudicial, congregó en la capital ayacuchana a 10.000 personas.

   El periodista Ilpidio Enrique Vargas realizó un extraordinario reportaje publicado en una revista poco politizada como Gente. El ataúd había sido adquirido en una colecta dirigida por una monja. “Mi hija ha muerto por sus ideales. Ella era una niña a quien no le faltaba nada. Por favor no mienta sobre su vida”, comentó su madre.

  La pobreza endémica y el olvido histórico de los departamentos andinos, utilizados por Sendero Luminoso como excusa para lanzar su sangrienta guerra contra el Estado, nunca fueron consideradas razones a tener en cuenta.

  Belaúnde instauró el estado de emergencia en diciembre de 1982, envió a Ayacucho y los departamentos vecinos a miles de soldados que desconocían la lengua y la idiosincrasia de los indígenas. Fue el pitido inicial para el periodo más violento de la historia de Perú.

  “La diferencia cultural entre las fuerzas del orden y los campesinos creó una distancia insalvable. Las tendencias racistas agravaron el problema de comunicación. El desprecio y la infravaloración de los indígenas, considerados como no humanos o ciudadanos de tercera categoría, permitieron que se violaran masivamente sus derechos civiles”, explica un informe de la Comisión de Derechos Humanos,

  Las cifras de la Comisión de la Verdad no dejan lugar para las dudas: un 75% de los 70.000 muertos o desaparecidos eran campesinos de lengua quechua a pesar de que sólo representan el 20% de la población total peruana.




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