Santa Marta (Colombia)

El descanso eterno que da la muerte se puede truncar en Santa Marta, ciudad costeña colombiana, por la falta de conciencia de su alcalde. Seis familias tuvieron que esperar toda una jornada junto a los féretros con los restos de sus familiares y trasladarse a dos cementerios distintos hasta que se  desatascó la maquinaria burocrática municipal y se consiguió los nichos para inhumarlos.

El humor negro, en su versión más colombiana, se instaló en el pensamiento de alguno de los presentes: “Me temo que esta noche tendré que dormir con el féretro debajo de la cama”, comentó un familiar.

La jornada empezó tranquila para las 35 familias que iban a recibir los restos de sus desaparecidos. Algunas llevaban dos décadas esperando. La Fiscalía de Justicia y Paz, el único organismo autorizado para exhumar, había encontrado las fosas, identificado los restos y los iba a entregar en una ceremonia sencilla y discreta realizada en la Quinta de San Pedro, a pocos metros de la tumba de Simón Bolívar, el Libertador de América. 

Los miembros de los equipos de investigación y exhumación de la Fiscalía y de otros organismos del estado custodiaban los pequeños féretros. En la jornada anterior los familiares habían firmado las actas de entrega y muchos se habían atrevido a abrir los arcones y ver por última vez “los huesecitos” de sus seres queridos.

Un pianista tocaba música clásica mientras se esperaba la llegada de las autoridades. El acto hubiese estado a reventar si se esperase al presidente. Los generales mostrando sus condecoraciones y los políticos guardando pleitesía al mandamás. El alcalde, el primero, ocupando su puesto bien dispuesto a que se le viese.

Pero los protagonistas de la ceremonia eran familias muy humildes, de estrato 1, es decir los más pobres entre los pobres en la clasista sociedad colombiana. Las víctimas deberían recibir siempre los máximos honores en una sociedad marcada por la violencia y la guerra desde hace décadas. Lo contrario tiene que ver con la falta de piedad.

El fiscal Nivaldo Jiménez, segunda máxima autoridad de Justicia y Paz, dirigió unas cariñosas palabras a los deudos. Recordó que Colombia está sembrada de cadáveres y que muchas familias todavía tienen miedo a denunciar las desapariciones de sus seres queridos. “Nosotros estamos intentando desenterrar la verdad y vamos a luchar contra la impunidad”, exclamó.

La verdad colombiana tiene cifras: 27.000 denuncias de desaparición forzosa hasta la fecha, 3.140 personas exhumadas en 2.500 fosas, 876 cuerpos entregados a sus familiares, 110 listos para entregar en las próximas semanas y 597 cuerpos con posible identidad.

Durante toda la mañana funcionarios de la fiscalía intentaron conseguir los permisos en el ayuntamiento para inhumar los restos que se quedaban en Santa Marta. “Presentamos la petición de los nichos hace diez días. Hace unos meses tuvimos problemas similares. Posteriormente, nos enviaron una carta excusándose. Pero no ha servido de nada”, comentó uno de los fiscales.

A las tres de la tarde un microbús trasladó a las seis familias al cementerio Jardines de Paz. Después de otras dos horas de espera, un funcionario anunció que era la hora del cierre del camposanto. Las otras 29 familias se habían marchado horas antes a sus lugares de origen en vehículos de la fiscalía.

“Siempre tenemos problemas en Santa Marta. Estas cosas nunca me pasan en otras zonas del país. Estamos “revictimizando” a estas pobres personas”, explicó el fiscal Nivaldo Jiménez después de cambiar por tercera vez el horario de su vuelo a la capital.

El fiscal decidió ir al ayuntamiento. Una funcionaria con caras de circunstancias lo recibió y le aseguró que en cinco minutos el problema estaba solucionado. Aunque había otra mala noticia: los familiares debían ser trasladados al cementerio de Mamotoco. Uno de los presentes exclamó: “Nos lleva al cementerio de los pobres para que los nichos les salga más baratos”.

“El alcalde no manda aquí. Necesito la autorización por escrito”, gritó el sepulturero del segundo cementerio. La tensión subió de tono mientras la luz se iba diluyendo en el cielo. “Vayan a buscar los féretros. La fiscalía se hará cargo del coste de los nichos”, ordenó el fiscal Nivaldo Jiménez. Al final apareció un alto funcionario municipal y certificó de palabra el compromiso con la factura.  

Los tres hijos de Edy Julio de la Hoz, desaparecido en 2001 y encontrado el año pasado, rodeaban el féretro de un padre al que no recordaban. Los dos mayores tenían tres y dos años cuando se lo llevaron para matarlo y el más pequeño residía en el vientre de su madre. Vestidos con sus uniformes escolares, los niños miraban sorprendidos aquel desbarajuste.

Lo lógico es que los restos se inhumasen en un lugar visible del cementerio. Todos juntos después del largo camino desde el día de la desaparición hasta el encuentro final con sus seres queridos. Lo lógico es que la ceremonia del adiós se hiciese en un tiempo de silencio mínimo. Cada uno rezando a su Díos preferido y recordando los tiempos de felicidad antes de que los autores de los crímenes matasen los sueños más ocultos.

Pero la lógica es escurridiza en Colombia. Recibieron sepultura en los nichos más escondidos del cementerio y en los pisos más altos, previstos para los más humildes. No hubo tiempos para plegarias y despedidas porque los sepultureros querían acabar su jornada laboral.