Blog - Los desastres de la guerra

por Gervasio Sánchez

ORDENAR EL DESAGUISADO EN EL CNI

Torres (Jaén), primera semana de agosto de 2006. Seminario dirigido por el juez Baltasar Garzón titulado “Derecho humanitario y conflictos armados”. El jefe del Estado Mayor de la Defensa, Félix Sanz diserta sobre las operaciones internacionales con participación militar española. “En 20 años  no ha existido ninguna acusación contra soldados españoles por violaciones de los derechos humanos”.


Flayeh al Mayali con varias alumnas de español en la universidad. Bagdad, mayo de 2003 Foto: Gervasio Sánchez


Minutos después, el juez Garzón abre un turno de preguntas. Me pide que tome la palabra. “Disculpe, general pero existe un caso que cuestiona su afirmación. Se trata del ciudadano y traductor iraquí Flayeh al Mayali, que asegura que fue maltratado y golpeado por miembros del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en marzo de 2004 en la base española en Diwaniya y  acusado sin pruebas de ser un colaborador necesario en la preparación del atentado que costó la vida a siete miembros del organismo de inteligencia en noviembre de 2003. Por ello pasó once meses encarcelado en penales iraquíes bajo supervisión estadounidense de triste recuerdo”.


Flayeh al Mayali ( a la izquierda) junto a Alberto Martinez y José Antonio Bernal (con traje claro), agentes del CNI asesinados en Irak. Foto tomada en 2002 por desconocido


Cogido por sorpresa el general Sanz intenta salir por la tangente: “El CNI no depende de mí sino del Ministerio de Presidencia”. Le interrumpo para decirle: “General, los hechos ocurrieron en Base España, un acuartelamiento español dirigido por un general español llamado Fulgencio Coll”.

Haciendo uso de una sorprendente serenidad el general Sanz se compromete a informarse del caso.


Como también soy ponente en el seminario, tres horas después tengo la ocasión de reencontrarme con el general Sanz como compañero de mesa durante la cena. “General, este caso es más grave de lo que parece y podría servir de acusación contra nuestro país por las violaciones de varios artículos de la Convención de Ginebra sobre el trato a prisioneros en tiempos de guerra. Le ruego que abra una investigación interna”, le digo. Con gran amabilidad el general Sanz me pide que le envíe todos los artículos y reportajes que he publicado desde abril de 2004 en diferentes medios de comunicación y mis cartas personales enviadas a altas autoridades políticas y judiciales españolas llamando la atención sobre la situación vivida por el traductor iraquí.


Nada más regresar a mi casa preparo un paquete con todos los documentos, incluyo un ejemplar de mi libro Vidas Minadas dedicado, y se lo envío a su oficina en Madrid. Un mes más tarde, el 13 de septiembre de 2006 a las 11,18 recibo un correo electrónico de un muy querido teniente coronel al que conozco desde hace años. Es un mensaje de agradecimiento en nombre del general Sanz  y se  me pide que le mande un par de cartas que (por error mío) no había incluido en mi envío original.


El traductor Flayeh al Mayali con su mujer y sus cinco hijos. Bagdad, abril de 2007 Foto: Gervasio Sánchez


He de decir que ha sido la única ocasión en que un funcionario de mi país me ha enviado una respuesta a una carta relacionada con el caso Flayeh al Mayali. Perdón, hace unas semanas tuve ocasión de hablar de este tema con la secretaria de Estado de Comunicación, Nieves Goicoechea, antigua compañera en la Cadena Ser. Después de recordarle que el caso Flayeh al Mayali, le guste o no al CNI, a los Ministerios de Defensa y Presidencia o a la Audiencia Nacional, sigue pendiente, me pidió que le enviase todos los documentos que tengo en mi poder. Recibí la confirmación de mi envío apenas unas horas después de hacerlo.


Un militar se va a hacer cargo de una institución cuasi militar dirigida pésimamente por dos civiles desde el 29 de junio de 2001. Durante el periodo de Jorge Dezcallar, el primer director general civil del CNI, se produjeron el ataque más grave sufrido por militares españoles en el extranjero (asesinato de siete miembros de la inteligencia española en Irak en noviembre de 2003) y los atentados terroristas del 11 de marzo de 2004 que causaron casi 200 muertos.


El propio Dezcallar ha admitido en privado que “el peor error de mi carrera fue no reemplazar a los agentes secretos que estaban en Irak tras la caída del régimen de Sadan Husein”. A pesar de ello su hoja de servicios sigue inmaculada y ha desaparecido cualquier referencia a estos graves hechos de su biografía oficial. Hoy ejerce como embajador de España en Estados Unidos.


Su sucesor Alberto Saiz, un ingeniero de montes sin ninguna experiencia en temas de espionaje, ha convertido el CNI en pasto de los titulares de prensa. Las disputas internas, los escándalos  y las presuntas irregularidades han dañado aún más la imagen bastante deteriorada del organismo de inteligencia.


El CNI ha pasado a depender del general Sanz. Me imagino que una vez que ordene el caos y ponga a cada uno a trabajar en lo que verdaderamente importa se interesará por el caso del traductor Al Mayali.


El trato inhumano y degradante (que también podría definirse como tortura) que sufrió durante tres días de interrogatorio en Base España se produjo poco antes de que fuera nombrado JEMAD y la mayor parte del tiempo que Al Mayali pasó encarcelado coincidió con sus primeros meses al frente de esta institución militar.


Podría empezar buscando las cintas del interrogatorio de Al Mayali y verificar cuál fue la actuación de sus hombres en Irak aunque es muy posible que las sesiones más duras (cuando fue golpeado de forma reiterativa o se le obligó a permanecer en pie durante horas cubierto con una capucha) no se grabasen.


Podría preguntar por qué si sólo existía la convicción moral (que no es una prueba en ningún juzgado del mundo) de que Flayeh al Mayali vendió a los agentes españoles se permitió que se pudriese en la cárcel durante once meses.


Podría preguntar si no se trató de buscar un chivo expiatorio para desviar la atención de los gravísimos errores cometidos en Irak por el CNI como afirman algunas personas que han tenido acceso al caso Al Mayali.

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