El director del Secretario Estatal de Amnistía Internacional (AI) en España, Esteban Beltrán, ha calificado de "dañino" para la democracia el último borrador de la Ley de Seguridad Ciudadana, porque limita, entre otros derechos, el de reunión y de manifestación.

Beltrán ha clausurado este miércoles la VIII Semana de la Memoria Histórica organizada por la asociación Recuerdo y Dignidad y en la que se ha homenajeado a la activista peruana Giulia Tamayo.

"Aunque el borrador de la ley no es tan peligroso como al principio, sigue siendo dañino para la democracia y para el derecho de reunión y de manifestación y esperamos que pueda cambiarse", ha declarado.

El director de AI ha deseado que el Gobierno cambie la ley en el trámite parlamentario porque de lo contrario, según ha ejemplificado, no se podrá grabar un vídeo a policías en una manifestación aunque sean periodistas acreditados.

Además ha apuntado que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha indicado que notificar que se celebrará una manifestación -como quiere exigir el Gobierno- es conveniente pero no es un requisito.

"No se reconoce el derecho a la manifestación espontánea en la nueva ley", ha lamentado.

Por contra, ha calificado como positivo que la nueva ley declare ilegales los controles de identidad racial o reconocer que la disolución de una manifestación es el último recurso, como marca el Derecho internacional.

Beltrán ha mostrado además su preocupación por la reforma de la ley de Seguridad Ciudadana cuando de las 30.000 manifestaciones celebradas en España el año pasado, apenas un 0,6 por ciento hubo intervención de la Policía.

Además ha denunciado que se sustrae al poder judicial "una buena parte" del control del derecho de manifestación y se pasa al ámbito administrativo, eliminando el elemento de presunción de inocencia y reduciendo las garantías jurídicas.

"En las batallas por los derechos humanos hemos aprendido que ni los avances son definitivos, pero los retrocesos tampoco; la ley será cambiada en el futuro", ha subrayado.

Beltrán ha apuntado que no se pueden legalizar las ilegales "devoluciones en caliente" en la frontera de Melilla y Ceuta, porque hay diez tratados internacionales que indican que una persona cuando está en territorio español no puede ser expulsada a otro país si no hay un procedimiento que asegure que no es maltratado si es devuelto.

"Por mucho que cambie la ley de extranjería, predominan los tratados internacionales", ha augurado.

En su opinión, lo que empezó siendo una crisis financiera en España se ha convertido en una crisis económica y de derechos humanos, tanto sociales como civiles.

Por otra parte, el responsable de AI en España ha señalado que al menos hay documentados 114.000 casos de desapariciones forzadas en España, más que en toda América Latina durante el siglo XX.