ASDEN presenta el recurso contra el decreto del PEMA ante el Tribunal Superior de Justicia

Los ecologistas basan su escrito en la inundabilidad y valores paisajísticos del soto de de Garray.

ASDEN presentó este lunes una demanda contra el decreto que regula el Parque Empresarial.
ASDEN presentó este lunes una demanda contra el decreto que regula el Parque Empresarial.
Mario Tejedor

La Asociación Soriana de Defensa de la Naturaleza (ASDEN)-Ecologistas en Acción presentó este lunes ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León un recurso contencioso administrativo al decreto de la Junta de Castilla y León por el que aprueba el Parque Empresarial del Medio Ambiente (PEMA).


"Este decreto es singular y exclusivo para un polígono que poco o nada se diferencia de los veintisiete polígonos industriales existentes en la provincia de Soria y de la práctica totalidad de los polígonos de España", según ha argumentado hoy el portavoz de esta asociación, Carlos González.


Ha señalado que ante la falta de fundamentos jurídicos sólidos, los promotores del PEMA utilizan en su decreto argumentos económicos y de creación de empleo, "que pueden tener valor en campaña electoral pero nulo respaldo legal ante los tribunales", salvo que el PP cambie las reglas del juego y "ponga las promesas de inversión por encima de otros derechos y deberes fundamentales, como ya trató de hacer con la ley regional de la Ciudad del Medio Ambiente", declarada nula por el Tribunal Constitucional.


ASDEN-Ecologistas en Acción ha expuesto en su demanda ante el TSJCyL, entre otros argumentos, la injustificada necesidad de suelo industrial, ya que en la provincia de Soria existen 268 hectáreas disponibles para la instalación inmediata de empresas y 281 hectáreas sin urbanizar si se necesitan.


Además apunta en su demanda que el 80% del PEMA, aproximadamente 148 hectáreas, están catalogadas como suelo rústico con protección natural -no urbanizables- y la ley no permite el cambio de uso de esta categoría de suelo, salvo excepciones que en el este caso no se cumplen.


"Una parte importante de su superficie es inundable en periodos de retorno de 100 y 500 años de acuerdo a la mejor información técnica disponible que ha sido elaborada por la propia Confederación Hidrográfica del Duero y por lo tanto no se puede construir", señala en otra argumentación.


"A los ojos de un ciudadano de a pie es difícil entender que un proyecto con tales defectos jurídicos y técnicos que no fue posible ejecutar estando aprobado por ley, ahora lo sea por una norma de inferior rango", ha subrayado González.


Por último, ha apuntado que en España no hay ninguna institución oficial que sea capaz de presentarse ante los tribunales para recurrir el proyecto y en su caso exigir responsabilidades, lo que para ASDEN es uno de los muchos defectos del ordenamiento jurídico español que permite que haya zonas de opacidad e impunidad en el estamento público, que a su vez facilitan la aparición de corruptelas