El Juzgado de Intrucción número 9 ha sobreseído el caso abierto contra el propietario del club Papiro, Antonio F. T., así como contra Carmen V. B. y Florian R. G., al no haber encontrado ninguna prueba que revelara que los tres coaccionaron y amenazaron a una joven para que ejerciera la prostitución. Tampoco de que controlaran sus movimientos y se quedaran con el 50% de las ganancias que obtenía en el mencionado local de la carretera de Logroño.

Los tres fueron detenidos por la Policía tras recibir la denuncia de una joven que aseguraba que estaba siendo explotada sexualmente por estas tres personas. La mujer, que ha tenido en todo momento la condición de testigo protegido, declaró que había comenzado a ejercer la prostitución de manera voluntaria por necesidad económica y que también llegó libremente a Zaragoza desde Valencia. No obstante, cuando acudió a la Policía aseguró que, bajo amenazas y coacciones, estaba siendo obligada por Florian R. G. –con el que compartía piso– a ejercer la prostitución en determinados lugares y horarios.

El magistrado, tras haber interrogado a los denunciados, expone en su auto que el único indicio que existe contra ellos es la declaración de la propia víctima, pues todos negaron los hechos y varios testigos corroboraron su versión de los mismos.

El juez valora especialmente el testimonio prestado por Amalio S. P., quien dijo que había visto a la joven "triste" y "angustiada", pero que nunca le había dicho que Carmen V. B. la amenazara. El auto dice que si bien cuando declaró ante la Policía la mujer relató unas coacciones y amenazas por parte de Florian R., luego ante el juez no fue capaz de concretarlas.

En relación con el dueño del club, defendido por el letrado José Luis Melguizo, señala que el único indicio es el testimonio de la denunciante y que el único dinero que cobra a las mujeres que trabajan allí es el por el uso del local si se hospedan o si están a media pensión.