Zaragoza tendrá excepciones exclusivas en la modificación de la ley urbanística

Tal y como estaba previsto, la capital aragonesa gozará de una exclusiva y significativa excepcionalidad dentro de la modificación de la ley urbanística autonómica que le permitirá mantener su autonomía respecto a la DGA en la elaboración de sus planeamientos. Una serie de enmiendas conjuntas introducidas por los grupos del PSOE y el PAR en el proyecto legislativo, que ayer fue aprobado en la comisión de Obras Públicas y mañana saldrá adelante en el pleno de las Cortes, sitúan a Zaragoza como la única localidad de la Comunidad que estará exenta de determinados controles del Ejecutivo a la hora de manejar suelos.

Uno de los aspectos que más malestar han despertado entre los responsables municipales es que la normativa impide sacar adelante planes parciales mientras no se incorpore al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) "el modelo de evolución urbana y ocupación del territorio" que se regula en la modificación legislativa.

Pero el Ayuntamiento de Zaragoza no tendrá que preocuparse por ello, ya que los grupos del Gobierno introdujeron ayer una disposición transitoria (la novena bis) en la que, hasta que "se establezca el régimen especial de capitalidad de la ciudad", se da por incorporado a su PGOU el citado modelo de evolución. Otros muchos municipios aragoneses, sin embargo, tendrán que modificar los suyos para adaptarlos a las nuevas exigencias.

Esa misma disposición, en su apartado b, soslaya para la capital otro de los puntos más conflictivos de los cambios normativos: la ampliación de las reservas de terreno para VPO hasta el 40% en el caso de los suelos urbanizables. La enmienda introducida exime al Ayuntamiento zaragozano de la autorización preceptiva por parte de la DGA para aplicar el régimen de exención de reservas.

De las 97 enmiendas que se presentaron al proyecto legislativo (51 de ellas del PP, 14 de CHA y 20 de IU), se aprobaron 22, entre las cuales figuraban las 12 presentadas conjuntamente por socialistas y aragonesistas. Además, prosperaron cinco de los populares, tres de IU y dos de Chunta. Seis propuestas fueron retiradas antes de su votación (una de IU y cinco del PP).

"Absoluto paripé"

Los tres grupos de la oposición mostraron su disconformidad tanto con el proceso de debate de las enmiendas como con la normativa resultante, ya que ninguno cree que ayude a resolver los problemas actuales del urbanismo en la Comunidad Autónoma.

El portavoz del PP, Eloy Suárez, calificó de "absoluto paripé" el trabajo de la ponencia especial creada para debatir las modificaciones legislativas (que la DGA había introducido previamente mediante decreto). A su modo de ver, "ha quedado claro que el Gobierno solo busca gestionar el suelo que le apetezca en la Comunidad a su antojo; Iglesias quiere ser el alcalde de Aragón".

Suárez destacó que "el proyecto evidencia que hay dos poderes: el de la plaza del Pilar y el del Pignatelli; los privilegios para Zaragoza son una dejación de funciones de la DGA, que elude legislar para medio Aragón, y un agravio para el resto de municipios".

Para Bizén Fuster (CHA), la normativa es "un apaño circunstancial" y mantiene puntos criticables como que "el Gobierno pueda planear suelos concertados con particulares en un término municipal con independencia de que haya acuerdo o no con el Ayuntamiento". Adolfo Barrena (IU) cargó contra el nuevo tipo de suelo concertado, que tildó de "reclasificación encubierta en la que se da entrada a la iniciativa privada", y resaltó que "la DGA se excluye de las obligaciones que impone a los ayuntamientos".

Ricardo Berdié (PSOE) defendió que la ley "da mayor facilidad de construcción de vivienda de protección oficial" y mejora "las garantías ciudadanas en muchas tramitaciones", como la obligación de publicitar las transacciones de compra y venta de suelos. Javier Allué (PAR) recordó que el Gobierno remitirá "en breve" un nuevo proyecto de ley urbanística para ser tramitado en Cortes.