El declive de las zonas de bares, los altos precios por las consumiciones y las elevadas multas por practicar el 'botellón' son las principales razones que han modificado las costumbres de ocio de los jóvenes zaragozanos. Ahora, un alto número de ellos ocupa bajos, trasteros y hasta garajes para esquivar las bajas temperaturas y divertirse a un precio razonable. Si bien no es posible determinar la cantidad exacta de locales, fuentes policiales aseguran que hay "cientos de ellos".

En ellos, los chavales -los arrendatarios suelen rondar los 20 años- no hacen, por norma general, nada fuera de lo normal: juegan con la videoconsola o a las cartas, escuchan música y toman alguna copa. Como en un bar, pero más económico y en familia. Sin embargo, su situación oscila entre lo alegal y lo ilegal. Según reconocen en las propias dependencias de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza, este tipo de peñas están surgiendo "como setas", si bien "casi ninguna" cumple con los requisitos legales.

Lo cierto es que la regularización de estos espacios conlleva un trabajo ímprobo. Con más razón al ser los afectados jóvenes con escaso poder adquisitivo y, en muchos casos, un total desconocimiento de las exigencias administrativas. En primer lugar, los arrendatarios deben constituirse como asociación ante la DGA, presentando unos estatutos, una finalidad y un listado cerrado de los componentes de la misma. La creación de una organización de este tipo acarrea ciertas obligaciones, como mantener un control pormenorizado de las cuentas, que deben ser presentadas a final de cada curso, o el pago anual de una tasa. A favor, cabe destacar que estas agrupaciones pueden aspirar a una subvención en el remoto caso de conseguir justificar los beneficios de su actividad fundacional.

Pero el aspecto más importante que aleja estos locales de la legalidad plena es la obligación de elaborar un proyecto de reforma, a manos de un arquitecto, en el que se analicen un número de aspectos más que considerable: estudio de seguridad y salud, supresión de barreras arquitectónicas o un anexo de prevención de incendios, entre otros. A todo lo anterior debe sumarse una importante cantidad de documentos que, en definitiva, pocos de los ocupantes actuales de los locales se han preocupado por cumplimentar.

Por último, es condición sine qua non pagar una serie de tasas, que en líneas generales son extrañas a ojos de los arrendatarios. En caso de que el inmueble haya tenido una función anterior reconocida por Urbanismo será necesario abonar la tasa de inicio de actividad. Por contra, cuando el local haya concatenado alquileres sin declarar una actividad concreta (como ocurre en la mayoría de los casos), deberá efectuarse una solicitud de apertura urbanística. Los gastos generados por las diferentes tasas, así como las necesarias reformas derivadas de un estudio exhaustivo de los locales, podrían generar unas facturas de miles de euros, totalmente inasumibles para los interesados.

No hay control municipal

Pese a tener constancia de este fenómeno, fuentes del Ayuntamiento aseguran que la normalización de estas bajeras en Zaragoza "no está prevista ni a corto ni a medio plazo". Además, desde el Consistorio se niega que se esté "peinando ninguna zona" ni se esté "elaborando ningún mapa de locales en la ciudad". Sin embargo, los agentes de la Policía Local sí están enviando notificaciones a la Gerencia de Urbanismo cuando detectan uno de estos espacios. En ellas se denuncia la infracción de la ley que regula la actividad y el régimen urbanístico del suelo en la Comunidad.

Muy diferente es la situación en Huesca, donde recientemente se ha elaborado una normativa con la que se pretende, en palabras de la concejal de Urbanismo, Gemma Allué, "crear un marco de prevención y evitar riesgos", tanto de seguridad para los usuarios como de convivencia vecinal en materia de ruidos y horarios.

Otras ciudades

En otros municipios españoles, especialmente en las provincias vascas y en la Comunidad de Navarra, donde este tipo de cocheras tienen una gran tradición, existen ordenanzas y normativas que regulan la convivencia entre jóvenes y vecinos.

Estas leyes locales atienden a aspectos como ruidos, horarios, amplitud de accesos, ventilación o aforo, si bien las restricciones varían en cada localidad. En Ermua, por ejemplo, está totalmente prohibida la instalación de cocinas, freidoras, planchas o cualquier otro electrodoméstico que necesite para su funcionamiento un extracctor de humos, así como la utilización de equipos de música, un pilar fundamental en los espacios de este tipo.

En Pamplona, donde no hay una ordenanza reguladora pero sí un registro municipal con 205 locales y otros 19 en curso, se promulgó hace escasas fechas la obligación de instalar un aislamiento acústico mínimo de 55 decibelios. En la urbe navarra, los interesados en instalarse en una 'txosna' deben completar una solicitud con planos del local, fotografías del espacio, el contrato de alquiler y una declaración jurada de que no se van a realizar obras.

En total, en Pamplona se abrieron durante 2010 (aún no hay cifras de 2011) un total de 31 expedientes de disciplina urbanística, la mayoría de ellos derivados de quejas vecinales por ruido. Además, la Policía Municipal realizó de oficio inspecciones de todos los locales de doce calles.