La resolución del procedimiento definitivo sancionador a la residencia de Santa Fe en la que fallecieron ocho ancianos por un incendio, tras varias actas de inspección fechadas entre 2011 y 2014, consistió en una multa de 1.500 euros por tres sanciones leves por las que no pidió el cierre del centro.

Así lo reflejan documentos como son el Acta de Inspección 40/2014, que propuso la incoación de un procedimiento sancionador, y la resolución del mismo, del 10 marzo de 2015, que se limitó a multar a la residencia con 1.500 euros por tres infracciones leves, sin que en ella constara solicitud alguna de cierre del centro.

Dicha acta constató que esta residencia no había subsanado ciertas deficiencias menores en materia de limpieza, mantenimiento y orden, que hubiera personas dependientes en las plantas superiores, una salida de evacuación en una habitación cuádruple que se encontraba obstaculizada y mal olor en algunas zonas, así como no disponer de un libro de registro de usuarios.

Por este último motivo, así como por las deficiencias en la organización higiénico sanitaria, el mantenimiento y los malos olores, por un lado, y por otro, por no remitir ciertos certificados y recibos a la Administración, el centro fue sancionado con tres infracciones leves, una por cada deficiencia, de 500 euros cada una.

En este procedimiento no se declararon deficiencias graves que provocaran la petición de cierre, como sí que ha ocurrido en otros centros similares, como la residencia Guadalaviar, en Teruel, en el que la inspección, tras detallar hasta 13 deficiencias, propone el cierre.

Por su parte, los abogados de la Residencia de Santa Fe han reiterado que las infracciones de carácter leve detectadas "nunca" supusieron su cierre y que, en todo caso, la abundante documentación certifica que sí que se fueron subsanando parte de las deficiencias observadas, excepto las tres citadas por la reciente resolución.

La residencia, según estas fuentes, contaba con una "buena fama en la atención", por su "trato familiar" o por la buena alimentación de los ancianos, que "hasta engordaban" en este centro del sur de Zaragoza.

Las fuentes han insistido en que el hecho de que la residencia no contara con una licencia de actividad municipal se debió a "nimiedades" esgrimidas por el Ayuntamiento de Zaragoza y que lo que está "claro" es que el Gobierno de Aragón era "conocedor" de que existía esta residencia, con 17 años de actividad "pacífica".

Fuentes del Gobierno de Aragón han insistido en que la intención del Ejecutivo, que apenas lleva una semana en el cargo, es la de revisar de nuevo toda la documentación y todos los expedientes relativos a la residencia de Santa Fe, sin querer hacer guerra de este asunto en ningún momento.

Las mismas fuentes han insistido en que la información disponible hasta el momento por el recién llegado equipo de gobierno solo llega hasta 2014 y que el documento que acredita la resolución definitiva del procedimiento sancionador todavía no le había sido facilitado a la consejera de Derechos Sociales de Aragón, María Victoria Broto.

Asimismo, han aclarado que cualquier expediente de cierre solo se producirá si se dan las "circunstancias oportunas" y después de que se haya revisado toda la documentación al respecto.