Roberto Seba y Yasmina Barberán, una pareja del barrio Oliver, no sabían dónde iban a dormir este miércoles. Desde hace año y medio viven con sus tres hijos (de 2, 4 y 7 años) en un piso que ocuparon en la calle San Alberto Magno. El piso pertenece a la Sareb, que les denunció, y este miércoles a las 10.00 estaba previsto su desalojo. La Plataforma Stop Desahucios, a la que recurrieron el lunes, ha negociado en las últimas horas con el banco y las instituciones, y han conseguido salvar in extremis este desahucio. "Después de los nervios de los últimos días, ahora lloro de alegría", aseguraba la madre por la tarde.

"Cuando entramos, en febrero de 2014, ya sabíamos que ocupar un piso era ilegal, pero no teníamos otra casa para nuestros hijos. Antes habíamos vivido en una parcela de un familiar, hasta que se la quitó el banco. Y antes, cuando teníamos trabajo, vivíamos de alquiler", cuenta Yasmina, de 27 años, igual que su pareja.

El último trabajo de ambos fue para la campaña de Navidad de la empresa de Lacasitos, de junio a noviembre de 2013. Después, ella ha hecho varios cursos: de marketing, de cocina, del carné de manipulador de alimentos, de costura. De vez en cuando cose vestidos por encargo. Él se dedica a buscar chatarra y ayudar a su abuelo en el rastro. Están esperando el Ingreso Aragonés de Inserción (IAI), que pidieron en abril. Su único ingreso fijo es la ayuda del Gobierno de Aragón por cuidado de hijos: 445 euros dos veces al año. También reciben ayuda de los servicios sociales municipales para alimentación.

Cuando perdieron su anterior vivienda, un conocido les avisó de que este piso estaba vacío y entraron. Tenía agua y luz, y ellos llevaron los muebles. Desde entonces se ha convertido en su hogar. La vivienda es propiedad de la Sareb y la gestiona el Banco Sabadell a través de su inmobiliaria Solvia. El procedimiento de desahucio comenzó a los pocos días de la ocupación.

"Vino un señor del banco a casa, nos preguntó si éramos ocupas. Dijimos que sí. Nos contestó que lo sentía mucho pero que nos iba a denunciar y empezaba el proceso de desahucio. A los dos días vino la Policía. Nos dijeron que nos teníamos que ir, pero no nos fuimos, claro, ¿dónde vamos a ir", señalan.

El procedimiento siguió su curso. En marzo de este año se celebró el juicio y el alzamiento quedó pendiente de fecha. Mientras, Roberto intentaba negociar con el banco. "Me recorrí varias oficinas del Banco Sabadell contándoles que era ocupa y que quería negociar hasta que me atendieron en una. Luego mandaron a un señor muy amable a casa, le enseñamos todos los papeles y estuvimos hablando de fijar un alquiler social. Acordamos que podríamos pagar 180 euros", explica él.

Y su sorpresa fue cuando hace unos días les llegó una carta avisando del inminente desalojo para el día 24 de junio. "Pensábamos que se había arreglado todo, no entendíamos nada. Y el día 24 por la mañana vinieron la Policía, los del juzgado y el cerrajero. Los niños estaban durmiendo en casa. Hablamos con ellos y nos dieron una semana más. Nos dijeron que el 1 de julio volverían", contaban nerviosos este martes, pocas horas antes de que se cumpliera el plazo y de conocer la suspensión del alzamiento.

"Si nos echan de aquí, ¿dónde vamos? En las casas de nuestros padres no cabemos, podríamos ocupar una habitación para los cinco durante unos días, pero eso no es una solución. Queremos un alquiler social, como nos dijeron. Ahora estamos muy contentos de poder seguir en la casa y seguiremos negociando en los próximos días", apuntaban Roberto y Yasmina.

La Plataforma Stop Desahucios ha negociado contrarreloj en las últimas horas para conseguir parar este desalojo, que iba a ser uno de los primeros en Zaragoza desde que gobierna la nueva corporación municipal.

En los últimos días se han parado al menos otros tres gracias a las negociaciones de la plataforma. Y para el mes de julio hay 13 casos pendientes (de los que este colectivo tiene conocimiento). La plataforma asegura que continuará con sus actos de protesta en la calle, pese a las prohibiciones de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana (popularmente, 'Ley Mordaza'), que entra en vigor este miércoles.