​Cáritas destinó el año pasado 2,3 millones a ayudar a necesitados, un 25% más que el año anterior

Cáritas Diocesana de Zaragoza ha aprobado en 2014 un total de 16.299 ayudas económicas, por un valor de 2,3 millones de euros, lo que supone un incremento en torno al 25 por ciento con respecto al 2013.

Esta organización ha presentado su memoria de acciones realizadas en 2014, en la que los datos vuelven a reflejar una realidad dura y compleja, según han explicado en rueda de prensa en la capital aragonesa el director de Cáritas Zaragoza, Jaime Sanaú, y la secretaria general, Cristina García.

También han presentado la campaña del Día de la Caridad, que se celebra mañana con motivo del Corpus Christi, en la que el lema será "¿Quién es mi hermano? Sin dignidad no hay justicia" en la que se apela directamente a la responsabilidad individual hacia el prójimo, a la defensa de su dignidad y de sus derechos humanos, que entienden también es colectiva e institucional.

Los datos de 2014 los han desglosado en los cinco derechos que se vulneran: la dignidad e integridad, en el que se incluye la alimentación que ha sumado 1,092 millones de euros; la vivienda; la salud; la educación; y el empleo.

La diócesis de Zaragoza, en sus 118 puntos de acogida de los que 62 están en el área urbana y 56 en el ámbito rural, ha atendido en 2014 a 6.380 familias con un total de 15.978 personas, en los que no se ha incluido la intervención realizada en diferentes centros y servicios especializados.

Entre las familias atendidas, Cristina García ha incidido en que una de cada tres familias atendidas en este periodo era la primera vez que acudía al servicio de Cáritas, mientras que 2 de cada 3 llevaban al menos dos años siendo atendidas lo que refleja "el nivel de precariedad". Además más de la mitad (56,9 %) tienen menores a su cargo.

En el perfil de las personas atendidas sobresale que el 62 % se encuentra en edad de trabajar, entre los 16 y los 65 años, y el 70,4 % carecía de empleo.

En cuanto al derecho de dignidad e integridad, García ha resaltado el aumento del número de familias que no cuentan con ningún tipo de ingresos y que ha calificado como una situación "dramática".

En el concepto de alimentación en las familias han detectado graves carencias para garantizar las necesidades básicas para alimentarse, al que destinan el 94,4 por ciento de los 1.156.180,63 millones de euros del apartado de dignidad e integridad.

En cuanto a la vivienda se hace cada vez más patente la pobreza energética que impide a las familias hacer frente a los gastos de suministros como luz y gas, lo que les lleva a evitar el empleo de la calefacción, así como la dificultad que tienen para acceder a la vivienda, mayoritariamente en alquiler, lo que ha provocado un incremento de los cambios de domicilio y también de los subarriendos.

Al respecto de la salud, muchas familias tienen problemas de acceso a la asistencia sanitaria a lo que se ha unido la "imposibilidad" en muchos casos de asumir el gasto de la medicación para hacer frente a sus enfermedades y la dificultad de acceso a servicios de apoyo ante situaciones de dependencia.

También se ha visto afectado el derecho a la educación tanto por el incremento del coste de materiales como por los problemas para acceder a las becas de comedor y a las ayudas para libros, que hace que muchas familias no puedan destinar recursos para sus hijos, lo cual repercute en los procesos educativos y de integración de los menores.

García ha incidido en que el fracaso escolar está más presente en las familias con mayores necesidades y ha apostado por un plan de protección para la infancia. "Hay que ver la realidad actual de los menores como el futuro de los próximos años", ha afirmado.

Del trabajo, aunque es la parcela en la que invierten una menor cuantía, García ha subrayado que las personas que consiguieron encontrar trabajo en su mayoría lo hicieron con contratos de entre uno y tres meses lo que implica "una precarización del trabajo", además de que en un buen número de casos el estar empleado "no garantiza salir de la exclusión".

Jaime Sanaú ha recordado que van a seguir desarrollando la estrategia de "denuncia profética" en torno a la defensa de los derechos, para promover la transformación de las políticas sociales, tratando de priorizar a las personas y reducir las desigualdades.

Sanaú ha hecho público el agradecimiento a todos los agentes de Cáritas que han hecho posible el desarrollo de estas acciones, para lo que cuentan con 7.036 socios, 1.100 voluntarios y 112 profesionales, con cien mujeres y doce hombres.